Las reformas al sistema de pensiones (IVM) de la Caja del Seguro Social presentadas a la Asamblea buscan introducir un nuevo régimen para aquellos cotizantes a quienes les falten más de siete años por jubilarse. El conjunto se denomina “componente contributivo de capitalización solidaria”. Ante todo, debemos tener claro que no se trata de un esquema de cuentas de capitalización individual, como han denunciado ciertos gremios. Lo que se conoce como el sistema de “contribución definida nocional” es una variante del sistema solidario piramidal de reparto de beneficio definido. Si observamos la ley vigente en su Artículo 3, el subsistema mixto está considerado como uno de capitalización individual por tener un “componente de ahorro personal administrado bajo un régimen financiero de cuenta individual”.
En este esquema, que surgió por primera vez en Suecia en la década de 1990 –en un acuerdo consensuado por todo el espectro ideológico–, no existen cuentas individuales de ahorro, sino cuentas “virtuales”. Los fondos que aporten los cotizantes siguen destinándose al fondo común del programa de IVM, pero paralelamente se están contabilizando, para beneficio de cada cotizante, los aportes hechos a su cuenta “virtual”. En otras palabras, se mantiene la naturaleza “solidaria” intergeneracional mediante la cual los cotizantes pagan las pensiones de los jubilados.
En este sistema, el beneficio no tiene una tasa de reemplazo fija del 60%, como en el sistema de beneficio definido. El monto de la pensión se determina por varios factores, tales como la cantidad de aportes que cada cotizante haga a su cuenta virtual, la edad a la que decide jubilarse y la expectativa de vida en ese momento, así como el rendimiento que vaya generando las inversiones del Fondo Único Solidario.
En beneficio de los jubilados cuya pensión resulta demasiado baja, el esquema coexiste con una “renta básica universal”, asistencia contemplada en la actual reforma propuesta por el Gobierno nacional para suplir una falta en la ley actual.
Ahora bien, este sistema tampoco se sostiene financieramente con los aportes de los cotizantes. La principal razón por la que Suecia lo puso en práctica es que es más viable que el de beneficio definido por ser más flexible al permitir hacer ajustes a los montos de las pensiones con relación a los cambios en las variables que se vayan produciendo en el tiempo. Esto significa que, aún cuando el Estado tendrá que poner montos anuales provenientes del Tesoro Nacional, serán menores que el de beneficio definido. Eso sí, en esta nueva propuesta siguen apareciendo los máximos de montos a pagar, indistintamente de la tasa de reemplazo (ver el Art. 130), topes que no aplican en otros países que manejan este sistema de pensiones.
Pasar a un sistema de cuentas individuales de capitalización significaría que dejaría de haber nuevos aportes solidarios de cotizantes, lo que convertiría al Estado en el único que aportaría fondos para cubrir la etapa de transición que duraría décadas de pago de pensiones de las generaciones que quedarían en el sistema de beneficio definido. Recordemos que el actual déficit del sistema de IVM ronda los ochenta mil millones de balboas.
Justo porque se eliminarían las cuentas individuales de ahorro personal, se liberarían al instante los fondos en dichas cuentas, lo cual implicaría una gran inyección de fondos para hacer frente a las pensiones actuales. Ante el argumento de que esto equivale a una expropiación de los fondos de los cotizantes, cabe recordar que la Constitución contempla la expropiación de propiedad privada por parte del Estado en situaciones de “interés social urgente”.
En la coyuntura actual no hay un escenario ideal. Si mantenemos el sistema actual o si no aumentamos las medidas paramétricas que se están proponiendo, tendría que haber muchos más aportes por parte del Tesoro Nacional (y por consiguiente de todos los contribuyentes, incluyendo aquellos que no se beneficiarán nunca del sistema). En ese escenario, sería prudente producir una drástica reducción del gasto público, lograr mejoras notables en la recaudación impositiva o aumentar los impuestos. El Gobierno asegura de forma tajante que no habrá una reforma fiscal, lo que implica que habría que endeudarnos cada vez más y a mayor costo financiero.
El autor es abogado.
