Todos vuelven, dice el vals peruano popularizado por estos lares por nuestro Rubén Blades. Pues bien, aquí estoy de vuelta en las páginas del diario que fue mi casa y mi escuela. Estoy de vuelta en la institución que nació para luchar por la libertad y por la institucionalidad democrática, en una época en que ejercer la libertad de información y expresión, constituía un acto de valentía diario.
Mucha agua ha pasado bajo el puente desde entonces, y hoy vivimos en un mundo de redes sociales, falsas noticias, falta de rigor y mucha desinformación. Hoy, el periodismo tradicional se enfrenta a complejos retos, pero sigue cumpliendo un papel fundamental en la construcción y defensa de una sociedad democrática. Una sociedad democrática que, 27 años después de la terrible invasión que puso fin a la dictadura militar, sigue empantanada en un sistema de administración de justicia al servicio de la impunidad.
Estos días ya Ricardo Martinelli no puede utilizar el poder del Estado para intimidarnos; para convertir al palacio de Las Garzas en el centro de operación de sus negocios. Estos días Alejandro Moncada, el abogado que llegó a la Corte Suprema de Justicia para garantizar la impunidad de su amo mientras sacaba provecho material, está en la cárcel; así como Gustavo Pérez, aquel arrogante personaje que comandó represiones y abusó de su poder todo lo que pudo. Estos días sabemos la magnitud del atraco y el nombre de los principales implicados; estos días, las investigaciones judiciales por los casos de corrupción se acumulan. Y a pesar de todo esto, el camino de la institucionalidad democrática sigue siendo cuesta arriba. Especialmente en la justicia.
Por razones difíciles de entender, ha sido imposible que las fuerzas políticas del país depongan sus mezquindades electoreras, para lograr los cambios que requiere urgentemente el Órgano Judicial. Se trata de cambios claramente identificados, con el objetivo de poner fin a la larga tradición panameña de impunidad; una tradición que estos días representa dejar sin castigo a los cientos de implicados en los múltiples actos de rapiña cometidos al amparo del poder.
Por absurdos sin nombre ni explicación, José Ayú Prado logró permanecer como presidente de la Corte Suprema de Justicia tras el cambio de gobierno, a pesar de que su vertiginoso avance profesional ocurrido durante el pasado quinquenio -de fiscal a procurador y de allí a magistrado y máximo representante del Órgano Judicial-, no deja mucho margen para la interpretación sobre dónde están sus apetencias y habilidades. Habrá que esperar a ver cuál es su plan, tras su sorpresiva renuncia a la Presidencia de la Corte y de la Sala Penal.
Son muchos absurdos, demasiados desatinos, incontables disparates, innumerables oportunidades perdidas.
La justicia panameña sigue esperando mejores tiempos, mientras jueces que deben rendir cuentas ellos mismos, continúan apuntalando la impunidad, y operadores judiciales sin estabilidad laboral, tienen la enorme responsabilidad de tomar decisiones en los principales y complejos casos de corrupción que se ventilan en los tribunales estos días.
No comentaré lo sucedido en la Asamblea el pasado martes; seguramente abundarán los análisis al respecto. Tampoco aludiré a las responsabilidades por lo ocurrido, por el tiempo y la energía perdida; no vale la pena. Me preocupa, eso sí, el atrincheramiento de cada grupo en su argumento, en su grito de guerra, en su demagogia, en la mirada puesta en las próximas elecciones.
La actual disyuntiva requiere cabeza fría y, por supuesto, bien intencionada. El proceso de selección de magistrados realizado hace dos años en el marco del Pacto de Estado por la Justicia, incluyó una evaluación con una metodología rigurosa de reclutamiento de personal. Dos abogadas obtuvieron las más altas calificaciones: Ana Zita Rowe y María Eugenia López. Se trata de dos mujeres, dos funcionarias de carrera del Órgano Judicial y dos probadas luchadoras por la independencia del sistema.
A veces la vida nos presenta segundas oportunidades para enmendar. Lo sucedido el pasado martes en la Asamblea Nacional, puede ser una de ellas.
La autora es periodista, abogada y presidenta de TI, capítulo de Panamá.
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