Nuestra fuerza pública la integran los componentes Policía Nacional, Servicio de Protección Institucional, Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras. Nuestra Constitución, en el artículo 310, indica que el presidente de la República es el jefe supremo de estos componentes y por supuesto de toda la fuerza pública integrada. Cada componente tendrá su escalafón y organización de mando separado, con la finalidad de conservar el principio que debe prevalecer en toda democracia… la descentralización, alivio de poder, balance; peso y contrapeso del poder y fuerza armada existente en el país.
La fuerza pública de Panamá se aproxima a los 25 mil miembros y aunque la Ley del Presupuesto del año en curso 2017 le reconoce un presupuesto total de 748 millones de dólares, históricamente en la realidad se le autorizan muchos más recursos, mediante el mecanismo de los créditos extraordinarios. Nos atrevemos a calcular que el presupuesto real de la FP, alcanza los mil 200 millones de dólares.
Finlandia, Dinamarca y Noruega, los países reconocidos en el mundo como los más avanzados en el progreso educativo y formación profesional de sus recursos humanos, invierten $30 en educación, por cada dólar en seguridad y fuerzas armadas. En contraste paradójico, los panameños invertimos 1.30 (uno treinta) por cada dólar que destinamos a la fuerza pública —¡casi uno a uno!— y su misión de seguridad territorial y ciudadana. Finlandia, con 5 millones de habitantes, 1 millón más que nosotros, asigna por ley el 15% del presupuesto general a la educación, el que incluye gratuitamente libros, alimentación y sanidad; mientras Panamá, el 9.6% del presupuesto, porcentaje no criticable, pero no sufraga almuerzo, libros ni servicio sanitario al total de nuestra población estudiantil. Por otra parte, la fuerza pública que aparece en el presupuesto de 2017 con una asignación de 748 millones de dólares anuales, conocemos que se trata de una cifra aparente e irreal, ya que en la práctica rebasa los mil millones, lo que ha venido ocurriendo durante las últimas cinco administraciones.
Ahora bien, cuando mencionamos la necesidad del “reordenamiento” de la fuerza pública y el Consejo de Seguridad, lo hacemos convencidos de la receptividad sensata y aliento democrático que anima al señor Presidente y sus ministros de Estado, de aceptar nuestras reflexiones con criterio positivo y propositivo, ante realidades como la que presento: el Senafront es un ejército compuesto por 5 mil hombres, bien adiestrados, armados y equipados. Cinco mil hombres corresponde a 10 batallones de combate. Semejante organización militar en un país de 4 millones de habitantes y 400 km total de ambas fronteras por custodiar, Colombia y Costa Rica, se considera un despilfarro o excesivo gasto en seguridad territorial, que obliga a desviar los dineros que deberían emplearse en educación, salud y estructuras para los servicios básicos como agua y caminos. Este ejército bajo el mando de un general de cuatro estrellas, que en un tiempo se justificó ante la amenaza por la guerra en Colombia y cumplió con éxito su misión, lograda la paz entre colombianos, podría disminuirse a un total de 2 mil hombres sin sacrificar la seguridad territorial fronteriza, por donde se trasiega apenas el 10% de la droga; el 90% por nuestros mares y costas. Paradójicamente, existen las siguientes contradicciones: mientras en las fronteras de 100 mil habitantes mantenemos un costoso contingente o ejército de 5 mil combatientes, en las ciudades de Panamá, Colón, La Chorrera y Chepo con 1.8 millones de habitantes, solo prestan servicio de seguridad ciudadana 4 mil policía. ¿Cómo nos explicamos semejante contradicción o ausencia total de planificación no solo en el MEF, sino en el Ministerio y Consejo de Seguridad?
Vistas las cosas bajo este prisma y pupilas muy claras, poco riesgo a equivocarnos, si concluimos que solo el ejército del Senafront, en salario o funcionamiento, fácilmente consume 500 millones de dólares anuales, del total de los 702 millones de dólares autorizados, en concepto de funcionamiento o “salarios” para toda la FP.
Ya en la sentencia superior se desprende que Panamá está invirtiendo más recursos en seguridad y ejército que en educación y salud- la administración del Estado requiere de un ministerio de planificación eficiente y no un departamento en el MEF.
El Órgano Legislativo debe ejercer mayor supervisión y asesorarse qué modelo de organización de seguridad ciudadana policial, recursos naturales y custodia de nuestro desarrollo, contingente táctico y armamento requiere la República, tema que se maneja con mucho celo en los países con democracias sólidas progresistas.
La sede del Consejo de Seguridad quedó en la penumbra misteriosa donde la dejó el presidente Endara. Deberíamos fortalecer, actualizar y mudarlo del lugar que ocupa, un desperdicio, con tremendo potencial turístico y devolver la villa del cerro Ancón junto con Mi pueblito y el crisol de etnias antillanos y panameños originarios y su cima sin centinela ni cerca, como área de recreación, expansión y cultura a las familias de panameños más humildes, para que lleguen los fines de semana donde nos reencontremos con doña Amelia Dennis de Icaza.
El autor es general ® excomandante de la Guardia Nacional
