El “tratado” minero 406 lo firmaron panameños, pero al mejor estilo de Bunau-Varilla… y a velocidad inimaginable. Después de escuchar la diversidad de argumentos de más de cien de los 226 que se inscribieron para participar en el inútil “primer debate” de la Comisión de Comercio de la Asamblea, todos tenemos bien claro cómo se urdió el asunto y, vista la reacción de la ciudadanía, también estamos conscientes del daño institucional y social que se le ha causado al país. Docenas de juiciosas opiniones provenientes de entendidos en la materia fueron desechadas por los diputados y sus aliados del Ejecutivo, lo cual pone al descubierto el hecho de que toda la consulta fue realmente un engaño.
La decisión sobre si la minería es mala, o la Ley 406 es buena, tiene que salir de una plataforma muy inclusiva que este gobierno, como tal, no ha tenido ni tiene capacidad de manejar. Una evaluación del Marco de Políticas Mineras de Panamá (diciembre de 2020), producida por el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF) con el apoyo nada menos que del gobierno de Canadá, destacó incontables y humillantes deficiencias nuestras. Porque es oportuno cotejarlas con las recientes actuaciones oficiales, señalo textualmente algunas de las más graves: “la información geológica es deficiente; el proceso de permisos no considera todas las etapas del ciclo de vida de la mina; la información solicitada a las empresas no contiene los detalles necesarios para tomar decisiones informadas; el proceso de permisos es falto de coherencia, poco transparente y discrecional; no se consideran objetivos nacionales en la negociación de contratos u otorgamiento de concesiones mineras; faltan capacidades para negociar e interpretar contratos mineros; falta coordinación entre áreas protegidas, concesiones mineras y solicitudes de tierras colectivas; hay deficiencia en el monitoreo del agua, y el Gobierno no está actuando acorde a la complejidad y el alto riesgo de los relaves y botaderos de estériles”.
La Corte Suprema de Justicia, en su fallo de 21 de diciembre de 2017, declaró inconstitucional la Ley 9 de 25 de febrero de 1997 por la cual se aprobó el contrato celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Petaquilla, S.A” (Minera Panamá). Lo hizo expresando que el contrato ocasionaba una serie de vulneraciones a la Constitución, desconocía principios básicos de la contratación pública, no aseguraba el mayor beneficio para el Estado, y era ajeno al bienestar social y el interés público. No obstante, el fallo de la Corte quedó en un limbo jurídico injustificable.
En otras palabras, para todos los efectos la minera ha operado ilegalmente durante dos décadas, y el nuevo contrato intenta justificar esto aduciendo que el “proyecto” conocido como Mina de Cobre Panamá estaba “autorizado bajo el estudio de impacto ambiental aprobado mediante la Resolución DIEORAIA-1210-2011 de 28 de diciembre de 2011″. Hace 12 años…..no lo actualizaron para el contrato actual, como sería de Ley. Además, a manera de decoración para consumo popular, la 406, entre muchas peculiaridades objetables, pacta con “la concesionaria” la forma como el Estado hará uso de los fondos provenientes del contrato. Bueno, y no hablemos de la participación accionaria de estados extranjeros en la mina, y la obligación del Estado panameño de ejercer por su cuenta la defensa legal de la concesionaria, sus afiliadas y cesionarias. ¿Qué está pasando aquí?
Para concluir, ¿quién teme al lobo feroz? Hemos sufrido --- y superado --- el Mallarino-Bidlack, el Bunau-Varilla y otros más, y superaremos éste. En apoyo, van cinco demandas de inconstitucionalidad, fuertes en su base por sentencias anteriores que exigen observar un comportamiento jurídico consecuente. ¿Será la Corte Suprema de Justicia la que se consagrará como adalid de nuestra institucionalidad? Ha llegado su hora: los principios rectores de la convivencia pacífica nuestra son la confianza, la buena fe y el imperio de la Ley. Por ellos hay que pagar lo que cuesten, como individuos y como nación.
El autor fue embajador ante las Naciones Unidas
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