1997 fue un año excelente para las concesiones mineras en Panamá y muy malo para un país que décadas después sufre las malas decisiones. La minería y las obras en Donoso son, además de una llaga en el corazón del Corredor Biológico Mesoamericano, una fisura certera a la institucionalidad, que el Estado abandonó para entregarse a la promesa de desarrollo minero. Donoso se mantiene como uno de los distritos más pobres del país. La mayoría de su gente vive sin electricidad, escasea el agua potable, nulo sistema de alcantarillado, pocos servicios de salud y escuelas en mal estado...
Las mineras mantienen sus discursos de benefactoras y de responsabilidad social “ambiental” mientras las autoridades perpetúan su ausencia en las áreas colindantes a los proyectos. Asimismo, el Estado sigue ofreciendo a las mineras numerosas ventajas, todas aseguradas a través de contratos leoninos. También se mantiene el apoyo diplomático de países mineros, que buscan influir en la adopción o modificación de marcos regulatorios frágiles para permitirles hacer negocios o aprovechar los recursos.
A través de esta compleja estructura de beneficios se sostiene la minería. Sin ella la industria caería por sí sola, ya que no es eficiente. Mientras, las autoridades callan acerca de lo innecesario de la explotación, al existir la posibilidad de desarrollar actividades económicas sustentables y con beneficios para todos.
Analizar la situación mirando solo informes financieros y datos de inversión es no ver el panorama completo y hacerse la vista gorda a la desigual carga de costos y beneficios que genera la minería: excesivas ganancias para las empresas transnacionales y sus grandes socios nacionales, migajas para las comunidades locales y para el país.
La actividad minera produce daños ambientales y sociales tan negativos que no hay campaña de relaciones públicas, visitas a sitio o discursos que puedan ocultarlos. Para el proceso de extracción de minerales, el uso y manejo del suelo y el derecho de campesinos e indígenas a la tierra son obstáculos, así como la frágil biodiversidad de los ecosistemas locales y la integridad de las fuentes hídricas. No puede haber desarrollo sostenible si hay deterioro ecológico serio y rampantes violaciones a los derechos humanos; de la misma forma que un país no tiene verdadero crecimiento si los beneficiarios son unos pocos.
Lectores: no se sientan cómodos y tranquilos, porque la actividad minera en Panamá sigue siendo insostenible. La regeneración de los ecosistemas tardará siglos y el clima húmedo y las intensas lluvias ni siquiera lo hacen apto para la minería a cielo abierto. Las bondades que nos venden se acabarán al igual que los yacimientos, dejando un inmenso cráter en la tierra y en las comunidades, que difícilmente puede mitigarse o compensarse.
El autor es biólogo