Cada cierto tiempo, toda gran ciudad tiene su momento de crisis, lo que abre la oportunidad para cambiarle la cara, usualmente bajo la tutela de un profesional talentoso, como Sir Christopher Wren, en Londres; el Barón Haussmann, en París; Ildefonso Cerdá, en Barcelona, y Robert Moses, en Nueva York. Sin duda, las recientes inundaciones, derrumbes y megatranques han expuesto nuevamente el caos y la vulnerabilidad por la falta de planificación urbana y de supervisión en las construcciones hechas en la ciudad y la periferia.
Esto demuestra lo que ocurre cuando se da rienda suelta a la “mano invisible” del mercado y a la iniciativa personal, sometiendo el desarrollo urbano a su lógica cortoplacista y reduccionista. No olvidemos el enorme daño que puede causar el populismo y clientelismo político, que ha apadrinado por décadas la urbanización de zonas con alto riesgo de inundación o derrumbes, con asentamientos informales y hasta formales.
El área metropolitana de la ciudad de Panamá requiere que sus alcaldes auspicien una revolución urbanística de la mano de planificadores, arquitectos e ingenieros panameños, dándoles la oportunidad para rehacer la metrópolis capitalina, convirtiéndola en una urbe moderna, más compacta, bien conectada y eficiente; respetuosa de la naturaleza y el patrimonio cultural; que genere mejor calidad de vida y sirva de ejemplo para el resto de las ciudades del país.
Sin duda, la industria inmobiliaria debe tener un rol esencial en esta revolución, pues es la que puede arriesgar e invertir para hacer realidad una nueva ciudad, asociándose con los gobiernos locales y las comunidades y viendo a los planificadores urbanos como una guía necesaria, no como un estorbo a su ímpetu emprendedor. Con los incentivos y apoyos necesarios, reurbanizar, descentralizar, densificar y renovar zonas urbanas enteras sería un negocio muy rentable para la industria inmobiliaria, el municipio y los habitantes de la ciudad. Sería el megaproyecto más importante, tras la ampliación del Canal, y crearía miles de empleos, a la vez que dotaría de nueva dinámica a la ciudad reordenada. Para lograrlo, es imperioso que los municipios, corregimientos y comunidades hagan cumplir su derecho constitucional de planificar zonas urbanas y tomar medidas necesarias para fortalecer su capacidad técnica y coercitiva.
El desastre urbanístico que vive el área metropolitana requiere de la valentía de sus alcaldes y representantes para que los “ingenieros municipales” pasen de ser funcionarios pasivos a entes que ejecuten y hagan cumplir las directrices emanadas de los planificadores en cada municipio y corregimiento. Las autoridades locales podrán guiar, con sabiduría y técnica, el desarrollo urbano, como ha ocurrido en otras latitudes.
El primer punto por resolver con una alianza público privada es la congestión vial, por las afectaciones económicas y sociales que genera, y la visibilidad para lograr el apoyo popular. Urge crear vías conectoras longitudinales y transversales, que crucen las urbanizaciones de los corregimientos, desde Rufina Alfaro hasta Amelia Denis de Icaza, en San Miguelito, y otras que van desde Tocumen hasta Parque Lefevre, en el distrito de Panamá, conectándolas de manera fluida y haciéndolas accesibles desde varios puntos.
Esto requiere una fuerte inversión y, de ser necesario, del peso del Estado para compensar, expropiar o asociar a los dueños de lotes, casas y edificios afectados. La inversión en las nuevas arterias viales se vería premiada con la creación de centros de negocios y trabajo en áreas de uso mixto residencial más comercial o comercial más oficinas, brindando alternativas a los largos viajes hacia Bella Vista y San Francisco, quizás bajando el tráfico de las vías Domingo Díaz, Tumba Muerto y José Agustín Arango, y permitiendo el desarrollo de mejores rutas de transporte urbano masivo, además de lograr ajustes en el valor de la tierra, en el centro de la ciudad, debido a una mayor oferta de centros laborales en el área metro. Esto haría posible atraer a jóvenes profesionales y personas de recursos medios que viven en la periferia, democratizando la ciudad y frenando su expansión.
Hay que desalojar a residentes de áreas con cerros y suelos no aptos para la construcción (Samaria, Cerro Batea y Torrijos Carter) y convertir esos puntos en reservas naturales, restaurando los bosques y sembrando especies que retengan la tierra. Para prevenir más inundaciones urge desalojar las zonas urbanizadas inundables del sudeste de la ciudad, Condado del Rey y las riberas de otros ríos, creando parques lineales y restaurando la naturaleza con sus bosques y manglares.
Con políticas de incentivos a la industria inmobiliaria y alianzas público privadas se lograría repoblar el centro de la ciudad y densificar con las poblaciones desalojadas y debidamente compensadas. Como alternativa, se podrían ofrecer opciones de trabajo en el interior de la república, mediante iniciativas de desarrollo económico en sus urbes.
El Plan Estratégico para el distrito de Panamá, próximo a ser licitado por el Municipio, podría encaminarse en esa dirección, siempre y cuando los municipios de San Miguelito, Arraiján y La Chorrera hagan lo propio, de forma coordinada, para lograr un efecto integrador del área metropolitana. Esto requiere líderes que sepan llevar adelante el proceso, recaudar los recursos y lograr alianzas, venciendo el pesimismo de quien dude o se oponga a la reurbanización. Si los alcaldes y representantes no lideran este proceso, ojalá el sector privado y las comunidades organizadas lo impulsen y sean apoyados por futuras administraciones.
