No me dio buena espina que el actual directivo del Canal, Jorge González –persona de confianza del expresidente Juan Carlos Varela–, fuera el único ratificado para el cargo en la junta directiva del Canal por la Asamblea, al mismo tiempo que fue rechazada la hoy exvicepresidenta Isabel de Saint Malo y el exembajador de Panamá en Estados Unidos, Emanuel González Revilla. ¿Qué hizo que el PRD le diera el sí a González y ahora quiera darle un puntapié? Quizá en aquel entonces el PRD buscaba controlar el Canal, nombrando a dos de los suyos en vez de los de Varela. Eso no lo sabremos.
El ministro del Canal, Aristides Royo, reconoció esta semana que le pidió la renuncia a González. Pero toda la historia está llena de inconsistencias. Hay que empezar porque desde hace semanas se rumoraba sobre la salida de González del Canal, cosa que era desmentida, aunque el rumor se mantuvo. ¿Cómo es que eso ya circulaba y él lo negaba entre bastidores? ¿Por qué no salió él mismo a desmentirlo? Es que sí había un problema.
González habría tenido entonces que confesar –como lo hizo esta semana– que, en una visita en marzo a Estados Unidos, fue interrogado, según él, por agentes de Migración, sobre su participación en el proceso para establecer relaciones diplomáticas entre Panamá y China. Aquí empiezan las inconsistencias. ¿De cuándo acá Migración se ocupa de las relaciones diplomáticas de Estados Unidos o de su política exterior o la de cualquier otro país? González no estaría diciendo la verdad sobre quién lo interrogó, pues tendría que haber sido otra rama del Gobierno estadounidense la que lo habría hecho sobre esos temas. Tampoco creo que haya hablado de eso. Después de seis años, ¿ahora es que los estadounidenses se interesan en saber sobre eso? ¿Qué importancia tiene a estas alturas? ¿Y eso es excusa para interrogar a un funcionario extranjero?
Pero, si lo interrogaron sobre sus presuntas relaciones con una empresa china con negocios con el Estado panameño o sobre lo que cobraría por sus servicios, eso tendría más sentido. Pero todo ello sería información de inteligencia –local o extranjera– que debería ser investigada, dado un potencial conflicto de interés. Y si el presidente Laurentino Cortizo fue informado de ello, no basta con que le dé la orden a Royo para sacar a un directivo del Canal así como así. No solo se trata de González, sino del precedente: que un presidente o ministro le pida la renuncia injustificadamente a un miembro de la junta directiva del Canal.
Royo dijo que le pidió la renuncia a González por sus “problemas de imagen”, razón no legal, pero entendible, aunque el rasero debió aplicarse a personajes como Moi Mizrachi o Nicolás Corcione, directivos del Canal que no pueden atribuirse una imagen inmaculada, pero ahí se quedaron. Royo tampoco dice toda la verdad: no le pediría la renuncia a González sin el aval de Cortizo y, de hecho, aunque Royo lo niega, González afirma que el ministro le advirtió que, si no renunciaba, Cortizo lo “sacaría”. Teóricamente, no es tan fácil, pues se necesitaría, además, la aprobación de la Asamblea y del Consejo de Gabinete.
Finalmente, Royo, tras pedirle su renuncia, le escribió a González que “esté tranquilo que no se actuará por noticias de prensa. Solamente si apareciesen las pruebas”. O sea que, según Royo, los medios son los que piden la renuncia de González. Y aunque no lo hicimos, quizá lo haríamos si el Gobierno dice por qué y pruebe sus razones. Royo alega que no se actuará, salvo que aparezcan las pruebas. Es decir que, sin tener pruebas de lo que presuntamente hizo González, se fueron en su contra. Quizá haya razones poderosas para que González no esté en el Canal, pero la forma de actuar de Royo y Cortizo ha sido un desastre, algo propio de gorilas.
