“No voy a pagar rescate por el secuestro en que se encuentra esa ley”, dijo el jueves el presidente Mulino en referencia al proyecto de ley que reforma la Caja de Seguro Social (CSS). Bueno, yo estoy en desacuerdo en que se pague. Pero la insinuación que hay detrás es grave. Por lo que dijo, debemos suponer que los diputados –sin que Mulino haya hecho una sola excepción– piden dinero, obras, favores o no se aprueba nada. Si va a decir eso en rueda de prensa televisada en vivo, debe decirnos la verdad. No insinuarla, pues la envilece a categoría de bochinche.
Nombres y qué exige cada uno a cambio de su voto. Eso es lo que tiene que decirnos. De lo contrario, guárdese sus comentarios, porque querámoslo o no, los diputados tienen constitucionalmente la última palabra en la Asamblea Nacional, no el Presidente. Sus berrinches porque el proyecto no se aprueba tal como lo envió es una actitud infantil, y si continúa así, terminará con las manos vacías o pagando ese rescate del que reniega.
Y volviendo al tema, Mulino asegura que no paga rescates. ¿Y qué me dice de la Ley de Presupuesto General del Estado, aprobada a finales del año pasado? ¿No se pagó? Pues yo diría que sí. La plata llegó a varios distritos bajo la influencia de los diputados. Por ejemplo, el 12 de diciembre de 2024, Macaracas (en la provincia de Los Santos) informó haber recibido del Gobierno un crédito suplementario de $150 mil. Dinero absolutamente innecesario, pues se destinaron $130 mil a gastos superfluos: los útiles deportivos pasaron de $2 mil 800 a $12 mil 800; el rubro de donativos (o sea el botín) pasó de $27 mil a $82 mil; las obras sin fines de lucro (¿qué carajo es eso?), de $13 mil a $39 mil, y los alquileres, aseo y ornato, de $5 mil a $45 mil. Apuesto a que es más ornato que lo demás.
Dos días antes, el 10 de diciembre de 2024, el distrito de La Pintada (Coclé) –que tiene de alcaldesa a Ina Rodríguez, la sobrina querida de la presidenta de la Asamblea Nacional, Dana Castañeda– recibió la misma cantidad, gracias a un crédito extraordinario concedido por el Gobierno Central. Dice el acuerdo del Concejo que el 10 de diciembre se pidió la plata y el 12 ya estaban en el banco $150 mil. Eso es velocidad luz. La mitad de ese dinero –$75 mil– era para “instituciones privadas, organismos mixtos locales”. Sabe Dios qué significa eso, pero lo que se pretendía hacer con esos $75 mil era “donarlo” a una organización de béisbol que lidera, adivinen quién: nada menos que el esposo de la alcaldesa. Y eso que su municipio le debe miles de dólares a la CSS.
En octubre también recibió plata la Alcaldía de Aguadulce: otro crédito suplementario otorgado por el Gobierno: $150 mil. Con eso inflaron los gastos de transporte, que pasaron de $11 mil a $61 mil –con $50 mil podía llegar en carro a China–; en útiles deportivos tuvieron una inyección de $35 mil; y, por supuesto, los donativos, que pasaron de $78 mil a $108 mil ($30 mil de aumento). O sea, $115 mil –o más del 75% del crédito– en gastos inventados.
El 17 de diciembre le tocó el turno al distrito de La Chorrera. Recibió el doble: $310 mil. La plata se dispuso así: $150 mil en “donativos”; $107 mil en cemento y “material metálico” (¿qué diablos es eso? ¿más donativos?); $25 mil en “repuestos” (¿de carros, de aviones, de grúas?); $10 mil en subsidios escolares (plata para hacer política). Y las juntas comunales recibieron solo un esputo: $18 mil o $1,000 para cada una.
Lástima que no disponga de más espacio. La lista es mucho más larga y la plata llegó a múltiples municipios a través de créditos extraordinarios o suplementarios concedidos por el Gobierno Central, incluso por vías menos públicas. Por favor, señor Presidente, aunque en su gobierno haya nombrado perfectos ignorantes, no crea que el resto del país lo es. No todos somos iguales a su designado embajador en Ecuador, que cree que San Blas (nombre que perdió esa comarca hace casi 30 años y que actualmente se llama Guna Yala) es parte de Darién. Lo que sí queda claro es que en su gobierno reina la hipocresía, la codicia y la santa ignorancia.
