La escena de políticos que son como el agua y el aceite sentados juntos para expresar su rechazo a los tres documentos firmados con los Estados Unidos estremeció el ya caldeado ambiente nacional. Como era de esperarse la respuesta gubernamental ha sido más visceral que racional, llevando a que el debate público se centre en las personas y no en las ideas.
Les han dicho de todo: oportunistas, incongruentes y hasta se han mofado de que perderían sus visas norteamericanas, desnudando un temor extendido en el círculo cercano al poder. El presidente aseguró que se trataba de politiquería y que cuestionar los acuerdos reflejaba un “complejo de inferioridad”. Agregó con suspicacia que quizás quienes se oponen no quieren que se luche contra el narcotráfico. El libreto sigue siendo el mismo: atacar al mensajero para evitar abordar el fondo del mensaje.
Sospecho que no será tan fácil echarle tierra a las preocupaciones alrededor de los acuerdos firmados con Estados Unidos, pues hay cuestionamientos que no han logrado ser disipados con la narrativa oficial. Enumero algunos de ellos:
En la declaración conjunta entre Mulino y Hegseth -cuya versión en inglés nunca fue corregida- Panamá avala la narrativa de Trump sobre “la problemática presencia China”. ¿Por qué el presidente Mulino firma un documento oficial que incluye la excusa que está utilizando el inquilino de la Casa Blanca para supuestamente “tomarse el Canal”?
Se dice que en el Memorándum de Entendimiento no hay nada distinto a los acuerdos firmados por los gobiernos anteriores en términos de cooperación en seguridad. No obstante, este acuerdo es el primero que establece sitios de uso compartido con zonas e instalaciones designadas, detalladas con fotos. Suena muy permanente para tratarse de algo rotativo, lo cual riñe con el Tratado de Neutralidad que prohíbe la presencia de militares extranjeros en suelo panameño.
Algunos de estos “sitios de uso compartido” (hasta la saciedad nos han aclarado que no se llaman bases ) están en las riberas del Canal lo que sumado a la mención de elementos de protección de la vía interoceánica y sus zonas adyacentes, nos conduce al artículo 325 de la Constitución: cualquier convenio o tratado sobre el Canal o sobre su “protección” debe ser aprobado por la Asamblea y sometido a referéndum.
La maniobra lingüística del “costo neutro” para los buques de guerra estadounidenses mencionada en la declaración conjunta Icaza-Hegseth implica un trato discriminatorio y no igualitario que va en contra de la esencia del Tratado de Neutralidad. ¿Qué vamos a hacer cuando otros países pidan lo mismo? Eso de tratar esconder la palabra gratis, nos va costar bien caro.
Cuatro puntos tan problemáticos como “la presencia China” que se extraen de lo firmado y publicado. Aún estamos esperando que el canciller haga pública (como prometió en la Asamblea) la versión en inglés del Memorándum de Entendimiento. No es un capricho pedirla pues en la traducción de la Declaración Conjunta murió la soberanía ¿recuerdan? y con ella la confianza de muchos ciudadanos en la forma en que el gobierno se ha manejado ante la arremetida de Trump.
Y aquí vuelvo al inicio. ¿Qué hubiese pasado si desde que comenzó la crisis con Trump en diciembre del año pasado, el gobierno hubiese propiciado esa unidad de sectores para hacer un frente común a la amenaza externa? La posición negociadora de Panamá se hubiera fortalecido y quizás no tendríamos acuerdos que riñen con la legalidad y que carecen de la legitimidad social y política necesarias en este momento histórico.
Después de los acontecimientos del 9 de enero de 1964 el presidente Chiari convocó a líderes de la oposición, entre los que estaba Miguel Moreno. Fue este quien representó a Panamá ante la OEA y firmó el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la potencia. Es lamentable que teniendo un referente como el de Roberto F. Chiari, la defensa de la estrategia panameña en esta crisis sea el contraste con el machete de Manuel Antonio Noriega.
