Después de la invasión rusa a Ucrania, Panamá ha sufrido una inflación extraordinaria en el nivel de precios, a la cual la población no se encuentra acostumbrada. El principal protagonista de esta inflación es el precio de la gasolina, que se ha duplicado en los últimos meses. Ante este fenómeno, la solicitud de la población es aumentar el salario mínimo, que ya tuvo un aumento efectivo en enero de este año, válida ante la disminución del salario real de los hogares. ¿Pero es esta la verdadera solución a nuestros problemas?
Desde un lente propio, el problema yace en la productividad de los procesos comerciales/productivos de Panamá. La factibilidad de los negocios en la república es relativamente baja y muchos responsabilizan al nivel de salarios en el país. Sin embargo, es bastante difícil pagar mejores salarios a una población promedio mal preparada como consecuencia de unos de los sistemas educativos más mediocres de la región, para referencia las pruebas PISA donde Panamá ocupó la posición número 71 de 79 países que fueron evaluados en matemáticas, ciencias y lectura en 2019. Sumado a esto, un alza general en el nivel de salarios necesita ser acompañada de un aumento de productividad; de otra manera solo contribuiría a un empeoramiento de la inflación debido a que aumentaría los costos de planillas de las empresas sin que esto estuviese de la mano con un aumento de sus tasas de retorno.
Para contradecir este planteamiento está la teoría de salarios eficientes, donde los trabajadores son más productivos si se les paga lo que consideran que se merecen. Pero, aparte de ser subjetivo, esta teoría moldea cuatro paradigmas. Dos hablan de la percepción de los trabajadores hacia el trabajo y hacia sí mismos, donde si el trabajo se percibe “estimulante” y con la suficiente dificultad para retar las habilidades propias, la productividad aumentaría. Otro paradigma sería de a mayor comodidad con respecto al trabajo, mejor desempeño. Y el último sería que si el empleador es justo y cumplido con los contratos, el individuo desarrolla lealtad que hace que dé más de sí mismo para con sus responsabilidades.
Para Panamá hay claras intransigencias para que estos escenarios sean posibles. La institucionalidad panameña es muy débil, por lo que no permite ambientes donde ni el trabajador ni el empleador estén protegido ante injusticias. No existió tal cosa como la planificación geográfica, por lo que la comodidad se ve altamente afectada con el factor tráfico de la hora pico. En nuestro país tampoco se ha apoyado, con protagonismo, el desarrollo científico de las ciencias administrativas que pudiese permitir gestiones modernas que facilitasen ambientes de trabajo sanos, entretenidos y retadores. A esta línea ahora integramos lo mencionado acerca de la mala preparación profesional del país y sumemos el clásico “juega vivo” presente en la mayoría de nuestra idiosincrasia. Un aumento de salario mínimo, teniendo en cuenta todos estos factores, no llevaría a los trabajadores a ser más productivos, sino a perjudicar el nivel de precios actual.
Entonces, bajo esta lupa, como ciudadanos, debemos empezar a exigir los mecanismos adecuados para aumentar la productividad del país en general, comenzando con la educación y la institucionalidad, y lograr que el aumento de los salarios pueda acompañarse de manera sostenida como consecuencia del nivel de competitividad del país. Empecemos cambiando nuestra mentalidad de señalar como culpable al empresario de la micro y mediana empresa, y comencemos a obligar al Estado a garantizar los derechos fundamentales que necesitamos como trabajadores y empresarios.
El autor es miembro de la Fundación Libertad y estudiante de maestría en QLU.
