No podemos ignorar que gran parte de esta crisis educativa se debe a la falta de compromiso histórico por parte del gobierno central y el Ministerio de Educación. Durante décadas, la corrupción, la mala gestión de los fondos públicos y la falta de visión han conducido al deterioro del sistema educativo en Panamá. La escasez de recursos en las escuelas, la falta de infraestructura básica, los pagos atrasados a los docentes y la incapacidad para implementar soluciones efectivas reflejan una administración que ha fallado repetidamente en priorizar la educación como pilar del desarrollo del país.
Es hora de que el gobierno central y el Ministerio de Educación asuman plena responsabilidad por esta situación y tomen medidas concretas para corregir décadas de abandono y mala gestión. Los estudiantes y docentes de Panamá no deben seguir pagando el precio de la falta de planificación adecuada ni de la mala asignación de recursos. Es imperativo que el gobierno deje de lado los intereses políticos y económicos que han afectado negativamente al sistema educativo, y se enfoque en un plan serio y a largo plazo que garantice una educación de calidad y equitativa para todos.
De igual manera, el Ministerio de Educación debe velar por la creación de un sistema eficiente y de calidad, que no solo aborde las necesidades académicas, sino que también integre una educación socioemocional sólida. El enfoque tradicional de la enseñanza, centrado únicamente en lo académico, ha dejado de lado un aspecto fundamental: el desarrollo emocional y social de los estudiantes.
Es crucial que el Ministerio de Educación se comprometa a implementar cambios significativos y a evitar la repetición de errores pasados. Este compromiso debe incluir:
Incorporar programas de educación socioemocional con énfasis en ética y valores para formar ciudadanos responsables y con principios, con el fin de combatir la corrupción que tanto afecta al país.
Proveer a los docentes herramientas accesibles que les permitan incorporar nuevos conocimientos sin frustración, promoviendo una enseñanza dinámica y actualizada.
Garantizar un entorno escolar seguro, tanto física como emocionalmente, para favorecer un aprendizaje más efectivo.
Promover una cultura de bienestar en las escuelas, donde estudiantes y docentes encuentren espacios de apoyo mutuo, respeto y crecimiento personal.
Cumplir sin condiciones todos los acuerdos firmados, respetando los compromisos adquiridos, incluso aquellos relacionados con administraciones anteriores, para restablecer la confianza en las instituciones educativas y mejorar la relación con los gremios docentes.
La educación no puede ser rehén de la corrupción. La negligencia del gobierno central ha puesto en riesgo el futuro de generaciones de estudiantes y ha desmotivado a los docentes, pilares del sistema educativo. La falta de inversión en infraestructura, el incumplimiento de acuerdos con los gremios y la escasez de recursos en escuelas de zonas vulnerables han empeorado, afectando tanto la calidad de la enseñanza como el acceso a ella.
No obstante, los constantes enfrentamientos entre gremios docentes y el Ministerio de Educación no han ayudado a mejorar la situación. Las huelgas y manifestaciones, aunque motivadas por demandas legítimas como el incumplimiento de acuerdos salariales y los atrasos en pagos, perjudican a quienes más dependen del sistema educativo: los estudiantes.
Las huelgas prolongadas y las manifestaciones afectan directamente la educación de los jóvenes y envían un mensaje negativo a la sociedad. Los estudiantes, al ver a sus maestros en constante lucha con las autoridades, reciben el mensaje de que la confrontación es el único camino para ser escuchados. Mientras tanto, las interrupciones en el proceso educativo debilitan sus oportunidades académicas y afectan sus futuros.
Es imprescindible que tanto los gremios docentes como el Ministerio de Educación reconozcan que el enfrentamiento constante solo agrava la crisis. El Ministerio debe cumplir con los acuerdos y atender las demandas de los docentes, pero los gremios también deben reflexionar sobre el impacto que las huelgas tienen en los estudiantes y las familias. Es esencial buscar soluciones mediante el diálogo y el compromiso, priorizando el bienestar de los estudiantes y del sistema educativo.
El gobierno debe actuar de inmediato. La construcción de nuevas escuelas, la rehabilitación de infraestructuras, el pago puntual a los docentes y la implementación de programas que aseguren la cobertura de necesidades básicas como agua, electricidad y servicios sanitarios en las escuelas deben ser prioridades. Es necesario erradicar la corrupción y la ineficiencia en la gestión de fondos públicos, para que los recursos destinados a la educación lleguen a donde realmente se necesitan.
El gobierno central y el Ministerio de Educación tienen una deuda histórica con la educación en Panamá. Si queremos un cambio real, es crucial que el gobierno deje de ser parte del problema y se convierta en parte de la solución. Los estudiantes, los docentes y las comunidades merecen un compromiso serio y duradero, no solo promesas vacías o soluciones temporales. El futuro de Panamá depende de las decisiones que tomemos hoy, y es responsabilidad del gobierno central y del Ministerio de Educación liderar el camino hacia una educación justa, equitativa y de calidad para todos.
Al priorizar la educación, cumplir con los acuerdos y erradicar la corrupción, tanto el gobierno central como el Ministerio de Educación podrán transformar los enfrentamientos en discusiones constructivas y análisis profundos para mejorar la calidad educativa y, en consecuencia, el bienestar de todos.
Consultor internacional en educación y presidente de la Fundación Roberto Boutet Díaz.
