A solo dos semanas de que entre en funciones el nuevo gobierno, el partido saliente emitió bonos por $1,400 millones a una tasa cercana al 7%, en un último esfuerzo que tensa la caja estatal y lleva una vez más el déficit fiscal al límite más alto posible.
Debemos repasar las variables de las cuentas nacionales que esperan al nuevo presidente de Panamá. El Producto Interno Bruto (PIB) de Panamá creció un 7.3% en términos nominales, por lo que, tomando el último informe trimestral del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a marzo de 2024, podría decirse que Panamá tiene una relación Deuda/PIB de aproximadamente 63% (sin contar la última emisión de $1,400 millones). Esta misma caja registró un déficit fiscal del 2.95% para 2023.
Los bonos soberanos han alcanzado un valor del 9%. La percepción de la ciudadanía sobre la corrupción es desalentadora y la calificación de grado de inversión no está cerca de ser recuperada. Además, hay escándalos como las negligencias en la publicación del balance fiscal de Panamá, el problema de la minería de cobre sin resolver y la gran herida institucional que nos han dejado los numerosos problemas con las entidades gubernamentales.
Desde una perspectiva económica, al nuevo presidente le espera una labor titánica y hasta bochornosa al intentar limpiar el nombre de nuestro país. Hay múltiples proyectos de infraestructura que no deben ser abandonados, proyectos de ley que son beneficiosos para nuestra ciudadanía y que deben ser aprobados, y una Asamblea cuya democracia se ve comprometida debido a las tantas impugnaciones que se están dando.
Tenemos la suerte de que el nuevo mandatario ha mantenido un discurso calmado y ha logrado convencer al panorama internacional de que su postura proempresa será predominante para la recuperación de los eslabones sueltos que desangran a nuestro país.
Esto no es motivo para dejar de lado lo importante, y levantamos nuestra bandera como fundación para dejar sentado públicamente lo que consideramos debe darse obligatoriamente para nuestro país.
Debemos volver a respetar el techo de la relación Deuda/PIB al 40%. El gobierno de Martín Torrijos logró concretar esta hazaña, lo que fue uno de los motivos por los cuales se nos consideró como un país con grado de inversión. Tenemos que reducir significativamente la planilla estatal, sea por el medio que sea. La cantidad de funcionarios públicos que desangran las arcas del Estado aumentó a 5,000 unidades mensuales (promedio) durante este gobierno. Y si bien es cierto que hay múltiples funcionarios que trabajan honestamente y han llevado la batuta del trabajo con honor y medallas, hay un gran porcentaje que está embotellado en su puesto, solo velando por sus intereses corruptos e irrespetuosos con la ciudadanía.
El gobierno debe obligarse a la austeridad, además del realzamiento del honor de este país como uno de los centros con mayor potencial de negocios.
Y esta parte es para la ciudadanía: nuestra responsabilidad es hacer valer nuestros impuestos de manera correcta. El nuevo presidente no es un mesías; tiene un mandato constitucional que cumplir y debemos ser capaces de exigirle la correcta ejecución de sus labores. También debemos ser capaces de organizarnos y exigir que nuestra calidad de vida progrese con el posicionamiento proempresa de este nuevo gobierno.
El autor es miembro de la Fundación Libertad.
