En su génesis republicana, Panamá abrió sus puertas a profesionales extranjeros que sumaron sus esfuerzos al desarrollo de su nueva patria. Ingenieros, economistas, sociólogos, arquitectos, farmaceutas, químicos, financistas entre otros llegados de otras latitudes contribuyeron a la creación de gremios profesionales e instituciones educativas, entre la que destacamos a la Universidad de Panamá, fundada el 29 de mayo de 1935, nutrida con académicos austriacos, alemanes y españoles entre otros orígenes foráneos.
Sin embargo, paulatinamente, una abierta xenofobia al profesional extranjero se impuso en el país, apoyándose en leyes que iban aprobándose y que prohíben al día de hoy el ejercicio de más de 50 profesiones u oficios a personas residentes que no han pasado aun el proceso de naturalización, mientras que, en paralelo, países tales como Singapur, Australia, Nueva Zelanda, Costa Rica, Colombia, Argentina, Chile, Canadá, Estado Unidos, Israel y los integrantes de la Unión Europea, entre otros, compiten entre sí y salen a incorporar profesionales extranjeros a su fuerza laboral y académica a la velocidad de un tren eléctrico, mientras que en Panamá, lamentablemente, se pierden oportunidades por insistir en las restricciones que no permiten si quiera poner los rieles para el desarrollo.
Por más incómodo que sea para algunos gremios profesionales que buscan guarecerse en sus privilegios y para funcionarios que no se atreven a ponerle el cascabel al gato, debemos reconocer que las disposiciones restrictivas en Panamá son lastres que impiden aprovechar los conocimientos a potenciales recién llegados negándoles oportunidades de sumarse al crecimiento nacional, lo que resulta en la elección por parte de ellos de otros destinos en donde sumarán su talento, lugares en donde una vez homologados los títulos de acuerdo a las legislaciones locales, no se ve a los inmigrantes como competidores, sino, como aliados a quienes se les ofrecen plazas laborales en virtud a su capacidad profesional, descartando el método anacrónico de reservarlas a los poseedores de un documento de identidad nacional bajo el muy inteligente argumento que más vale sumar que ignorar.
Una cédula de nacional no convierte al profesional en necesariamente la mejor opción competitiva para el país emisor de la misma. ¿A qué se le teme? ¿Al progreso que da la libre competencia? ¿A contratar a personas de acuerdo a sus calificaciones y conocimientos? ¿Seguirá Panamá sufriendo por un sistema arcaico de proteccionismo nacionalista irresponsable? ¿Es que acaso los opositores a la recepción de profesionales extranjeros no se dan cuenta del daño que se están haciendo a sí mismos y al país?
Tal y como salió publicado en diversos medios nacionales, en febrero de 2020 estas propuestas inclusivas fueron debatidas en la Cámara de Comercio Industria y Agricultura de Panamá, gremio empresarial cuyo entonces presidente señaló que estas disposiciones hacen que Panamá “figure a la cola en las mediciones internacionales de educación, muy por debajo del promedio mundial”, lo que evidencia “el error de impedir que catedráticos extranjeros enseñen” en las universidades panameñas, algo que, agrego yo, atenta en contra de los mismos intereses nacionales.
Bajo esta idea, estimado lector, elevo un hecho irrefutable: ni uno solo de los más de 600 Premios Nobel pudiera trabajar legalmente en Panamá, pero sí en las más renombradas universidades, instituciones de investigación, empresas y academias ubicadas en países en donde no son ciudadanos. Pregunto, ya con dolor, ¿tan mal estamos que incluso se prescinde de los galardonados con el Premio Nobel? ¿Por qué esta insistencia de atentar en contra de los intereses de Panamá negándosele la oportunidad a subir de una vez por todas en el tren del progreso?
El autor es licenciado en Educación e Historia
