El nuevo año se inició con signos de final para algunos; el presidente Laurentino Cortizo, por ejemplo. Su insulso y trillado último mensaje ante la Asamblea Nacional, provocó que recordara aquellos primeros meses del año 2020, cuando Panamá y el mundo se enfrentaron a un virus desconocido que nos paralizó a todos.
Recordé que en marzo de 2020 escribí un esperanzado artículo inspirado en lo que entonces parecía un presidente Cortizo en control de la situación, rodeado de los ministros más técnicos del Gabinete así como respetados médicos, tomando decisiones basadas en la ciencia y apelando a la solidaridad de todos. No pocos me tildaron de ilusa, y tuvieron razón.
Solo dos meses después, la mala yerba crecía incontrolable por los vericuetos del Palacio de Las Garzas, como también escribí en mayo de 2020. Para entonces ya se sabía que todas las compras relacionadas con la pandemia habían pasado a manos del vicepresidente, hoy candidato presidencial José Gabriel Carrizo, sin controles, sin fiscalización.
Y empezó a salir pus. Primeros fueron aquellos ventiladores con sobrecostos que pretendieron comprar y que convirtió al entonces viceministro de la Presidencia, Juan Carlos Muñoz, en chivo expiatorio. Más tarde vino el enredo de la construcción y equipamiento del hospital modular a cargo del ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge.
A partir de allí, el desastre. Han sido cinco años de abusos sin nombre, de utilización irresponsable de los recursos públicos, de terrible endeudamiento, de utilizar la planilla estatal y los recursos públicos como botín político, de relegar a la nada los problemas más importantes del país, de cómplice ceguera de quienes dirigen los entes de control.
Un tema ilustra perfectamente la magnitud del abuso: la descentralización. Un proceso que arrancó con atraso en 2015, durante la Administración de Juan Carlos Varela, con el objetivo de fortalecer los gobiernos locales, propiciar mayor participación ciudadana y, en consecuencia, vigorizar la democracia. Esa es la teoría y el objetivo. Pero los planes de los dirigentes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) eran otros.
En septiembre de 2020, cuando aún vivíamos la incertidumbre que trajo la pandemia, desde una oficina del Palacio de Las Garzas se iban materializando los planes para quedarse en el poder. Uno de ellos fue la creación de la Autoridad Nacional de Descentralización que, según la Ley 66 de 2015 que regula el proceso descentralizador de la Administración Pública, marcaría una segunda etapa que debía incluir el fortalecimiento de los municipios, mediante un plan de capacitación y desarrollo de su recurso humano, según principios de “méritos y eficiencia” propios de la Carrera Administrativa.
Es decir, antes de crear la Autoridad Nacional de Descentralización, se tenían que cumplir requisitos de formación del personal, ya que a partir de esa nueva etapa empezaría el traslado de competencias, para que los municipios pudiesen brindar servicios públicos de calidad.
Por el contrario, todos sabemos lo que sucedió y sucede en esta caricatura de estado de derecho que tenemos. Con la llegada del PRD y el Molirena al poder en 2019, los funcionarios municipales con experiencia y formación que participaron en la primera etapa del proceso descentralizador fueron sustituidos por militantes de los partidos que ganaron las elecciones, sin experiencia, sin conocimiento, sin vocación. Su única fidelidad era hacia el político que les había conseguido el nombramiento.
En el municipio capitalino, por ejemplo, la barrería de funcionarios fue de tal calibre, que ni siquiera podía ejecutar correctamente las labores de poda y cuido de los árboles de la ciudad que habían sido sembrados recientemente. No sabían cómo. Hoy, por lo visto, han afilado bien el hacha, para talar todos los árboles que sean un obstáculo a intereses poco ciudadanos.
Pero volvamos al plan de Palacio con la descentralización. Creada la Autoridad, se aprobó el Decreto Ejecutivo de 23 de febrero de 2021, que instruyó al Ministerio de Economía y Finanzas adoptar las medidas administrativas y presupuestarias necesarias, para la puesta en funcionamiento de la Autoridad Nacional de Descentralización.
El grifo se había abierto, dando inicio a unas de las mayores infamias de la Administración Cortizo-Carrizo. Los millones de la llamada descentralización paralela -es decir, al margen de los criterios de la ley- empezaron a llegar sin control alguno, especialmente a los municipios dirigidos por copartidarios de los señores de Palacio, así como a aquellos que forman parte de los circuitos electorales de otros consentidos de esta Administración: los diputados.
La utilización de los recursos públicos para hacer política disfrazada de ayudas sociales, acabó con el sentido de la descentralización como proceso para lograr un desarrollo sostenible de las comunidades. Eso es imperdonable, porque se trata de una herramienta fundamental enfrentar la enorme desigualdad que existe en el país.
El contralor Gerardo Solís, después del escándalo que provocó la investigación periodística, prometió que pediría cuentas. Seguimos esperando, mientras Edward Mosley Ibarra, director de la Autoridad de Descentralización, se da el tupé de negarle información al diputado Juan Diego Vásquez, mientras se gasta $190 mil en un abogado que lo represente.
No hay la menor duda que estos cinco años han pasado sin gloria alguna y con mucha pena.
La autora es presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana
