Los comicios recién llevados a cabo desenmascararon un sistema electoral inconveniente. Alarmantes evidencias confirman lo que hace tiempo se denuncia: las elecciones panameñas no reflejan adecuadamente la voluntad popular, que es la esencia del sistema democrático.
Aun así, hay quienes por inocente credulidad, manifiesto cretinismo u oportunismo económico pretenden seguir insistiendo en que los comicios en Panamá son pulquérrimos ejercicios democráticos, la envidia del continente, un modelo para el mundo. Harían bien en reflexionar sobre las palabras del abogado Octavio Amat, quien en los siguientes términos detalló algunas irregularidades evidenciadas:
“Sustracción y alteración de votos, manipulación de actas, tentativas de robo de urnas, tiros y ataques a pedradas, peligrosa sobrecarga de centros de votación, errores de suma mal intencionados, anulación de sufragios, deficiente fiscalización y seguridad, cuestionables recuentos y fórmulas de escrutinio mal interpretadas”.
Gracias a un sistema electoral con estas y otras características, se ha entregado en esta ocasión el control de la mitad de los ejecutivos municipales y de la totalidad del gobierno central a un partido que, en promedio, obtuvo menos de un tercio (32%) de los votos emitidos en las cuatro votaciones realizadas el 5 de mayo (para presidente, diputados, alcaldes y representantes). Tomando en cuenta que el 27% del electorado se abstuvo de votar, gracias al sistema electoral vigente el PRD ha conseguido semejante botín con el apoyo de tan solo un 23% del electorado.
Estos resultados no pueden llamarse “democráticos”. Un entendimiento elemental de la democracia moderna define este régimen político como un gobierno de la mayoría, respetuoso de los derechos de las minorías.
En Panamá, gracias al sistema electoral vigente, tenemos gobiernos de minorías que irrespetan a las mayorías con su abuso de poder y su acaparamiento para beneficio sectario. Este modelo no es democrático, sino oligárquico, arbitrario y corrupto.
Las alianzas electoreras con partidos oportunistas y la ausencia de una segunda vuelta han permitido que el PRD, con votaciones minoritarias para presidente (31% en 1994, 43% en 2004, 31% en 2019) se adueñe de la Presidencia de la República y, por ende, del gobierno central, en tres ocasiones desde el desalojo de la dictadura.
Además, ese partido, con una votación igualmente minoritaria para diputados, domina la Asamblea Nacional. Entre 1994 y 2014 el PRD recibió, en promedio, el 32% del voto popular para diputados, pero obtuvo el 44% de las curules de la Asamblea Nacional.
En otras palabras, gracias al sistema electoral emanado de los cuarteles (se remonta a 1978) y diseñado para favorecer al PRD, este partido ha obtenido más escaños de los que le corresponderían bajo un sistema proporcional. En la Asamblea Nacional, ha utilizado sus mayorías artificiales, no para promover el mejoramiento de la sociedad, sino para poner en marcha aplanadoras legislativas en favor de los ejecutivos dominados por el PRD y para chantajear y extorsionar a las administraciones de diferente signo.
Esto ha sido posible gracias a una proliferación de circuitos pequeños y la malhadada fórmula del residuo, que constituye una verdadera abominación. En honor a la verdad, hay que reconocerles a los demócrata cristianos (hoy “populares”)—quienes no tardarán en abandonar al partido Panameñista para entregarse al PRD—el singular mérito de haber inventado en 1993 la nefasta metodología del residuo que ha permitido que tantos individuos que no lo merecen accedan a un escaño en la Asamblea Nacional.
Como si lo anterior no bastara, en la elección de alcaldes, el PRD, con tan solo 32% de los votos emitidos para este cargo, controla al menos 40 de 81 ejecutivos municipales, ahora con presupuestos más abultados que antes, gracias a la descentralización (La Estrella de Panamá, 8 de mayo). Entre los representantes de corregimiento elegidos desde la transición a la democracia, el PRD también domina, a pesar de que el promedio de sus votos recibidos para este cargo en 1994-2014 es 31%.
Como lo demuestra una lectura básica de las cifras electorales del denominado “período democrático”, el propósito principal de nuestro sistema de elecciones es permitir el predominio del partido de la dictadura aun después del derrocamiento de los militares. Este objetivo se ha logrado eficientemente, en detrimento de los intereses nacionales.
La efervescencia electoral ha generado energías para cambiar el esquema electoral. Aprovechemos la oportunidad para democratizarlo
El autor es politólogo e historiador y dirige la maestría en relaciones internacionales en Florida State University, Panamá.
