Oficialmente, tenemos una nueva ley para la Caja del Seguro Social (CSS). Luego de muchos años en los cuales varios gobiernos decidieron mirar hacia otro lado y no tomarse en serio la situación, la actual administración le hizo frente a lo que probablemente haya sido el problema social, económico y financiero más grande que hemos tenido como país.
Debo comenzar diciendo que la Ley 462 no es, en lo absoluto, perfecta. Tiene algunos puntos en los que discrepo, tanto a nivel técnico como ideológico. A nivel de sistema, defiendo, como en su momento defendí a lo largo de las discusiones, un modelo basado en pilares, enfocado en cuentas individuales, con administración en competencia y con un componente importante de solidaridad real para aquellos que realmente lo necesitan. Como recordarán, este fue el modelo que varios propusimos, tanto desde el sector privado organizado como desde distintos grupos de la sociedad civil. Por ello, aquellos que afirman que el sistema que ha quedado es el mismo que propuso el sector privado y que es de “cuentas individuales con privatización” mienten descaradamente. El nuevo sistema, en resumen, es uno de cuentas nocionales, donde todo el dinero entra a un fondo común en la CSS, y donde habrá una pensión no contributiva para ayudar a los más necesitados.
Habiendo dicho esto, el hecho de que se haya aprobado esta ley es un paso en la dirección correcta. Desde mejoras en el manejo de las inversiones hasta el uso parcial del ahorro previsional para conseguir un sistema autosostenible, además del refuerzo en los sistemas de gobernanza de la CSS, la nueva ley nos permite avanzar como país. Idealmente, como se ha demostrado en los cálculos actuariales, la edad de jubilación debió haberse incrementado, pero tendremos que esperar los futuros análisis y las conclusiones de la mesa tripartita para ver si, como sociedad, tomamos la decisión de implementar esta medida paramétrica tan importante. Aun así, la posibilidad y el mecanismo para hacerlo en el futuro están contemplados, y dependerá de nosotros que se cumplan los acuerdos.
En cuanto a lo que preocupa a muchos, el dinero que recibiremos del nuevo sistema, los cálculos que se han publicado demuestran mejoras significativas en las jubilaciones. No solo esto, sino que también se logra romper con el enorme problema del Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), donde los trabajadores de menores ingresos subsidiaban a los jubilados con las pensiones más elevadas, ya que era un sistema piramidal y no sostenible. Además, se consigue una mayor capitalización comparada con el sistema mixto (SM), donde una parte importante de la cuota pagada no se depositaba en la cuenta individual de cada cotizante, sino que iba al componente de beneficio definido.
Para que no quede solo en teoría, hagamos un ejercicio sencillo. Una persona que entra a trabajar a los 25 años, con un salario inicial de $734 (que es la mediana salarial de octubre de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo), que a lo largo de su vida cotiza, en promedio, siete cuotas al año (según el promedio registrado durante el conversatorio en presidencia, cuya información es pública y está disponible en la web), obteniendo incrementos salariales de 1% anual y jubilándose a los 62 años. La pensión que recibiría con la nueva ley es de $460.44, representando una tasa de reemplazo de 78.57%. Bajo el SM, que habría sido el sistema al que esta persona habría ingresado por la Ley 51, la jubilación sería de $302.27, con una tasa de reemplazo de 51.58%. Si en el mismo escenario solo cambiamos la variable de que la persona trabajase los 12 meses de manera completa, aportando 12 cuotas en el año, la pensión sería de $789.32, con una tasa de reemplazo de 78.57%, frente a una pensión de $618.17 y una tasa de reemplazo de 61.53% en el Subsistema Mixto.
Ahora lo que nos toca es velar por el fiel cumplimiento de la ley y garantizar que se realicen los estudios actuariales, financieros y técnicos necesarios para implementar los futuros cambios que requiera el sistema a mediano y largo plazo. Esto ya no será únicamente responsabilidad del gobierno. Como hemos aprendido, es nuestro deber ciudadano mantenernos vigilantes, involucrarnos y participar activamente en beneficio de nuestra república. Que este proceso nos sirva de lección para los desafíos que vienen en otros ámbitos, ya que no serán nada fáciles.
El autor es amigo de la Fundación Libertad.
