La perspectiva negativa panameña de las calificadoras señala el camino que nos llevaría a la debacle financiera, porque a medida que nos reducen la calificación, nos acercamos a la pérdida del grado de inversión. Y esto, ¿qué significa? Que la República de Panamá disminuirá su capacidad para pagar obligaciones cuando pierda ese grado de inversión, disminución de calificación que ya inició. Dentro del rango de mejores pagadores, pasaríamos al grado especulativo de peores pagadores. Hoy, solamente tienen grado de inversión en América Latina, además de Panamá, las repúblicas de Chile, México, Perú y Uruguay. ¿Cómo o por qué se produce la pérdida del grado de inversión? Por la irresponsabilidad del gobierno de Laurentino Cortizo y su ministro del MEF, Héctor Alexander, en el manejo de las finanzas públicas. Pero enfoquémonos en esos hechos que disminuyen el grado de inversión.
El primero es la presión fiscal, ejercida a través de gastos excesivos, además de mal enfocados. Esto genera un déficit fiscal recurrente y permanente, frente a un presupuesto desequilibrado y artificial, cuya carga obliga a que el país genere más deuda para cubrir costos, en lugar de generar inversiones que produzcan réditos.
Entonces, en vez de usar deuda para gastos de capital (inversión), se utiliza para cubrir un permanente y alarmante déficit fiscal. Ahora bien, ¿Cuáles serían las causas principales de ese enorme déficit? El exagerado pago de subsidios, sin ningún control ni seguimiento (combustible, vale digital, tanque de gas, electricidad, etc.). Luego la subida de tasas de interés, en la medida que la deuda se eleve incontrolablemente, y peor, cuando se pierda el grado. Y lo más inverosímil, la expedición de un presupuesto de Estado para el año fiscal 2024, incrementado en más de $5 mil millones, cuando los anteriores no cumplieron las expectativas y que tendrá que ser cubierto con más deuda. Todo esto, además, genera atrasos de pagos a los proveedores y contratistas del Estado, que hoy supera los $1,900 millones (más de la deuda en este rubro que dejó Juan Carlos Varela y de la que tanto se quejó Cortizo). Pero tampoco se han pagado más de $900 millones al Fondo de Ahorro de Panamá y más de $600 millones a los bancos para reembolsarles los beneficios fiscales que, por ley, tienen derecho algunos deudores en el ramo de hipotecas, inversiones y otros beneficios.
Como queda dicho, el grado de inversión peligra a falta de eliminar una carga fiscal que desequilibra las finanzas públicas, provocando que el endeudamiento del Estado panameño supere con creces el crecimiento de su economía.
Pero para este gobierno, si la cifra absoluta del crecimiento económico es buena, es suficiente por ser lo único positivo que pueden presentar, aunque no detenga por sí solo la debacle que están generando.
Otros hechos negativos, bastante vergonzosos, por cierto, que señalan las calificadoras de riesgo, es hacer trampa. A través de esas marañas o argucias engendradas en las mentes (supuestamente brillantes) de los directivos del MEF, al transferir el pago de $364 millones del presupuesto 2022 a los años 2024-2026 para eliminar esos gastos y la de extender el año fiscal 2022 hasta mediados de enero 2023, para computar los ingresos de esos días al año 2022 y que superaron los $300 millones. Actos cuyo propósito específico fue cumplir con el déficit de hasta el 4% que permitió la ley de responsabilidad social fiscal, para el 2022, porque de no hacer estas artimañas, no lo hubieran logrado. La otra situación que preocupa ante la pérdida del grado de inversión, es la inacción del gobierno frente al déficit actuarial por las pensiones del IVM del Subsistema de Beneficio Definido.
No faltan los defensores oficiosos del gobierno, a quienes les pagamos un bien remunerado salario. Y quienes precisamente se refieren al “robusto crecimiento económico en 6.5% … el mayor alcanzado entre todas las naciones de la región latinoamericana”. Pero que, frente a las ejecutorias en materia económica, está muy lejos de ser una solución a lo que viene. Por lo que mis palabras para este funcionario significarán un “negativismo crónico”, tan solo por expresar la realidad que no quiere leer, oír o recibir. Tan grave es el problema, cuando afirma que el 50% de las regalías del proyecto minero, “irán a mitigar el maltrecho estado del programa de jubilación, cuyos fondos se estiman estarán agotados hacia el final del año 2025″, comentario que no amerita profundizar para no perder el tiempo. La pérdida de grado de inversión nos dirigirá a un costo mucho mayor en los financiamientos venideros. Y esto se deberá a la disminución de Panamá en su capacidad de pago, lo que nos hará sufrir un alza en las tasas de interés a todos los ciudadanos. Todo esto genera más desconfianza en los inversionistas, entidades multilaterales y analistas internacionales. Para corregir lo anterior, se requiere hacer todo lo contrario a lo que está ejecutando la dupla Cortizo-Alexander. Eliminar las botellas, detener el despilfarro, suspender los aumentos automáticos y las jubilaciones especiales, erradicar consultorías innecesarias, enfocar y controlar los subsidios, reducir exoneraciones, suprimir el derroche clientelar y facilitar el pago de los impuestos.
Pero seamos claros, nada de lo anterior va a suceder. Este gobierno seguirá despilfarrando el dinero en clientelismo, descentralizaciones paralelas, auxilios económicos a su gente, planillas brujas y subsidios indefinidos. Ellos saben que su candidato no lleva ningún chance, y dejarán un país arruinado al próximo gobierno, sea quien sea, de manera premeditada.
El autor es abogado
