Durante las sesiones de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea, hemos presenciado un sinfín de opiniones sobre cómo abordar el desafío de las pensiones en Panamá. Sin embargo, en pocas ocasiones he observado un análisis riguroso que identifique y acepte si las características del sistema actual son adecuadas para darle sostenibilidad financiera y actuarial. En particular, el déficit en el Sistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD) se ve afectado por cambios demográficos, que impactan directamente la sostenibilidad del sistema. Es alarmante que no se reconozca suficientemente la importancia de estos cambios demográficos, que han sido aceptados a nivel mundial, mientras que en Panamá parece que estamos ignorando esta realidad.
Tomemos como ejemplo a Costa Rica donde la edad de jubilación se estableció en 65 años sin mayores traumas, ya que la esperanza de vida está en aumento y la natalidad ha disminuido notablemente.
En respuesta a esta situación, los cambios sufridos en el proyecto de Ley 163 incluye un aumento de cerca de $500 millones anuales para incrementar la contribución del Estado a $1,457 millones anuales. Este aumento se basa en la suposición de que el gobierno podrá incrementar sus ingresos fiscales al reducir considerablemente la informalidad laboral, la evasión y las exoneraciones fiscales, entre otros factores. Sin embargo, aunque esta teoría puede parecer razonable, es crucial reconocer que cada uno de estos problemas requerirá de un estudio profundo, desarrollar nuevas políticas públicas, un plan de acción y, por supuesto, varios años para empezar a ver los resultados. Por lo anterior, las reformas a las pensiones no están diseñadas para resolver el problema de la economía ni la informalidad ni la recaudación de impuestos y, por lo tanto, la misma no puede ser condicionada a estos aspectos, ya que son problemas totalmente diferentes.
El mayor inconveniente es que las recomendaciones actuales no abordan el “cómo hacerlo”. Por ejemplo, la recomendación de disminuir la informalidad representa un reto complejo. Para lograrlo, es fundamental crear empleos formales y atraer más inversión extranjera. Aquí es donde la educación juega un papel esencial. Costa Rica ha tenido éxito en captar empleo formal en las grandes empresas tecnológicas que se han instalado en ese país, mientras que Panamá ha tenido un desempeño deficiente en este aspecto. Esto va a requerir de nuevas políticas públicas en el ámbito económico y de educación, entre otros.
Como bien señala Xavier Sala-i-Martin, PhD en Economía de Harvard y profesor de Columbia University, además de ser economista principal del Foro Económico Mundial de Davos, las soluciones propuestas para el sistema de pensiones son meros parches que no evitan un colapso eventual. Un ejemplo evidente son las reformas del proyecto de Ley 163, que ignoran la necesidad de aumentar la edad de jubilación a 65 años para hombres y 60 años para mujeres, optando en cambio por aumentar las contribuciones del Estado sin abordar el problema de raíz. Estos parches son cada vez más costosos y, por razones políticas, les ha resultado complicado tomar las decisiones correctas.
Es fundamental destacar que, en Panamá, la mayoría de las personas se jubilan en la edad que les corresponde. En 2022, el 86% de los hombres se jubiló a los 62 años o antes y un 7% lo hizo hasta los 65 años, acumulando un total del 93% los que se jubilaron hasta los 65 años. En el caso de las mujeres, un 75% se jubiló a los 57 años o antes, y un 19% se retiró hasta los 60 años, alcanzando un total del 92.4%. Esto demuestra que, si se aumenta la edad de jubilación en tres años, ya sea de forma gradual o no, esto no afectará a la gran mayoría de los cotizantes actuales próximos a jubilarse.
En conclusión, es fundamental que abordemos el problema de las pensiones con una visión amplia y realista, identificando los desafíos estructurales que enfrentamos y tomando decisiones audaces que promuevan la sostenibilidad del sistema en el futuro y no decisiones políticas que causan más daño al sistema.
El autor es consultor.
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