Tal Cual

CUIDA’O. Si hay tres letras del abecedario del nini de la embajada que han dejado de repetirse, son la S, la P y la I, debido a que finalmente le habrían retirado los escoltas que pagábamos todos. No obstante, todavía goza de custodia policial, que no se sabe si es para tenerlo bien cuida’o o para ejecutar la orden de detención que aún pende sobre él. Parece que la diferencia entre el nini y Ferrufino, Ashby, Tamburrelli y Sánchez Moro es que el primero puede pagar para colocar su hamaca en la terraza de la embajada, mientras que los otros no.

SAN FRANCISCO WORKSHOP. Apostamos a que los residentes no sabían que la junta comunal de ese corregimiento estaba ofreciendo servicios de taller automotriz. Bueno, ofreciendo no; más bien, pagando. Resulta que la representante Serena Vamvas encontró que, con fondos de la descentralización, se emitieron cheques para reparar vehículos que no son propiedad de la junta. Ojalá no sea muy tarde para dar marcha atrás y que los beneficiados devuelvan el dinero.

TAPADO. La bancada panameña en el Parlacen sesionó la semana pasada para decidir las candidaturas que serán presentadas para la elección de la junta directiva 2024-2025 de ese organismo. La presidencia le corresponde a El Salvador y, como vicepresidente, Panamá postulará a Dorindo Jayán. En la sesión participó, telemáticamente, el expresidente Varela, quien lo hizo con la cámara apagada. Nadie podía verlo. ¿Será que no se atreve a dar la cara ni siquiera por Zoom?

SUPERPODER. El Ministerio Público (MP) se convertirá en la policía de las comunicaciones de los ciudadanos. Si el proyecto de ley 61 sobre ciberdelincuencia es sancionado por el Ejecutivo, el MP podrá revisar e incautar los datos informáticos que están en los dispositivos de cualquier persona, sin tener un motivo específico y mucho menos la autorización de un juez de garantías. El fiscal solo tendrá que acudir ante el juez si logra “la obtención de los datos correspondientes”, sin que en ningún lado se especifique a qué deben “corresponder”. Estas afrentas a las garantías fundamentales no deberían suceder a estas alturas del siglo XXI.

Mónica Palm

Jefe editorial.