Tal Cual

BOCACHANCLAS. La Contraloría General de la República comunicó que el contralor Anel Flores y el director de Ingresos, Camilo Valdés, acudirán este martes a las oficinas de Panama Ports Company (PPC), “con el fin de complementar el trabajo de auditoría que lleva a cabo la institución”. Como si se tratara de una excursión o un día de picnic. ¿Por qué anuncian que se llevará a cabo esta diligencia en lugar de hacerlo en silencio, para que sea una sorpresa? Para colmo lo hacen con varias horas de anticipación, tiempo suficiente para que PPC ponga a buen recaudo todo aquello que pueda resultarle perjudicial. Seguro ya deben tener hasta el café preparado para recibirlos.

CHICLE. Por cierto, en la planilla de la Contraloría todavía figura Zenia Vásquez, la exsecretaria general de esa entidad que supuestamente había sido destituida por Flores. Vásquez, quien fue socia de Odila, aparece con un salario de $5,500 mensuales. Gana como si fuera la directora de un departamento, pero supuestamente su cargo es de “asistenta ejecutiva”. Nos están viendo cara de tontos.

CASTIGO. La Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS (Amoacss), cuyo secretario general es Fernando Castañeda, ha “invitado” a sus pacientes a tomarse sus medicamentos “para resistir juntos una posible huelga nacional”, en rechazo al proyecto de ley 163. ¿Esto es una broma o es en serio? ¿Habrá dimensionado esta gente la gravedad de lo que está ocurriendo en la CSS?

PASADO. Jorge Quijano recordó que en 2018, como administrador de la ACP, le correspondió atender al entonces senador republicano Marco Rubio, “y jamás me dijo que Panama Ports era un problema y que los chinos estaban administrando el Canal”. Será falta de memoria o de vergüenza.

ESCONDIDOS. El diputado Jhonathan Vega presentó una denuncia “por la renovación irregular” del contrato ley de PPC. Como se recordará, esa concesión fue prorrogada “automáticamente” por 25 años adicionales a partir de 2022, por mandato de la junta directiva de la AMP. El único miembro de ese cuerpo colegiado que en esa ocasión mostró cierto interés por renegociar a favor del Estado fue el entonces viceministro de Finanzas, Jorge Almengor, quien planteó la posibilidad de que el Estado se asegurara un pago mínimo de dividendos anuales, revisara las tarifas y recuperara terrenos que están en el polígono de concesión y que la portuaria subarrienda (inclusive al Estado). Al final, ni siquiera fueron capaces de aplicar la tasa de inflación.

Mónica Palm

Jefe editorial.