Tal Cual

MILLONES. Después de los disturbios ocurridos ayer, no sería mala idea que el Ministerio de Trabajo solicitara una auditoría a los fondos destinados a la educación y capacitación sindical. Y no es poca cosa: en el presupuesto general del Estado para 2025 hay $14.6 millones asignados a este programa. Deberían utilizar ese dinero para atender a los agentes policiales heridos, reparar las patrullas vandalizadas, compensar los daños al Hospital del Niño e indemnizar a todo aquel que haya sufrido algún perjuicio o afectación por culpa de esta horda de zánganos.

BOCAZAS. El diputado Crispiano Adames, quien se ha declarado en contra del proyecto de reformas a la CSS presentado por el Ejecutivo, ha dicho que nadie puede “amenazarlo” con despedir a sus colaboradores, porque ninguno de ellos trabaja en la Caja. ¿Y la doctora Marta Sandoya? ¿Todavía es su suplente o ya renunció a ese cargo o se acogió a una licencia sin sueldo? A favor de Sandoya hay que decir que es médica en la CSS, con estatus permanente desde 1987. Por lo tanto, nadie la puede destituir.

DISCORDIA. Alexandra Brenes es la única integrante de la bancada independiente Vamos que votó en contra del proyecto 186, que autoriza la transferencia de $91.6 millones del presupuesto general del Estado para reforzar los pagos del IVM correspondientes a este mes. Si alguien pensó que se equivocó de botón o que había recapacitado, sepa que no, porque ayer la diputada justificó verbalmente su decisión. Brenes sostiene que votó en contra porque el Ejecutivo no ha dicho de dónde saldrán los fondos. Ánimo, que para eso solo tiene que esperar a que sustenten los traslados en la Comisión de Presupuesto.

MALA NOTA. La Asamblea ha designado una subcomisión para analizar el proyecto de ley 83, redactado por Ernesto Cedeño, que propone prohibir la reelección inmediata de los rectores de las universidades oficiales. Ya podemos anticipar de dónde saldrán los primeros votos en contra: de la fallida comisión legislativa que supuestamente investigaría las actuaciones de Etelvina de Bonagas en la rectoría de Unachi. Sería una lástima, dado que urge una ley para ponerle un alto a este grupito de funcionarios con ínfulas de señor feudal. Ojalá aprueben pronto este proyecto y con efecto retroactivo.

Mónica Palm

Jefe editorial.