HOUSE OF CARDS. El proyecto de ley de amnistía “política” se ha erigido como un intento de golpe de Estado técnico, cuya ejecución estaría dividida en temporadas, como si se tratara de una serie de Netflix. La primera consistiría en la exculpación: tocar al asilado con su varita legislativa para eliminarle la condena de prisión, la multa y la inhabilitación para ejercer funciones públicas. La segunda, perseguir políticamente al actual inquilino de Las Garzas para procesarlo y, eventualmente, expulsarlo del cargo. Recordemos que este país no tiene vicepresidente.
JINETES. Tres diputados habrían asumido la tarea de recolectar las 27 firmas de apoyo al proyecto de Bolota: Benicio Robinson, uno de los operadores internos del “loco” en el PRD; Shirley Castañeda, su abogada, y Popi Varela, hermano del expresidente Juan Carlos Varela, uno de los que, hipotéticamente, se beneficiaría de la amnistía política. Si hiciéramos un casting para Lo bueno, lo malo y lo feo, aún faltaría cubrir uno de los personajes. Adivinen cuál…
CABALLO REGALADO. Este fin de semana, el presidente Mulino fue obsequiado con un ejemplar durante el Concurso Nacional Oficial del Caballo Peruano de Paso, celebrado en Mamacona, Lima. “Será llevado por nuestro querido presidente de Panamá a su finca, para que crezca allá, para que luzca allá, para que brille allá”, anunció el presentador del evento cuando el nuevo caballo de Mulino fue exhibido frente a todos los asistentes. Por suerte, aquí no hay declaraciones conjuntas que publicar y —mejor aún— el caballo no puede hablar.
WHAT? Cuatro días después, Estados Unidos todavía no ha “actualizado” la versión en inglés del comunicado conjunto, luego de que la Cancillería solicitara —por escrito— que se incluyera el reconocimiento de la soberanía de Panamá sobre el Canal, como sí está consignado en la versión en español. O en la embajada no han recibido la nota o simplemente no les preocupa lo que piense nuestro canciller.
MIGAJAS. El 4 de febrero de 2021, en una conferencia de prensa, el entonces contralor Gerardo Solís informó que, en los primeros 23 años y cinco meses de concesión, PPC había pagado $8 millones en dividendos al Estado panameño por su participación del 10 % de las acciones. Aún así, exclamó que la portuaria había cumplido con sus obligaciones “básicas”. Un poco más y terminamos pagándoles nosotros a ellos.
