BERRINCHE. En el altercado con Camacho, salió a relucir que Bolota no tenía idea de que su proyecto de amnistía política también beneficiaría a Juan Carlos Varela. Por eso (y porque le ha tocado hacer el ridículo mayor) anda tan enfadado. ¿Cuánto tiene que soltar Varela para que también lo considere su “amigo”?
ENGENDRO. Como si fuera un parto sin epidural: nueve meses ha tardado Camacho en sacar a la luz aquel anteproyecto de su autoría, que crea un “perdón legislativo” comparable al perdón presidencial. Su disparate no tiene nada que envidiarle al de Bolota, con el agravante de que ya sabe que no cuenta con el aval del presidente Mulino. Ni Marta anda tan desesperada por sacar a Martinelli de la embajada.
SOFOCO. Hoy mismo se reunirá la Comisión de Gobierno de la Asamblea, para atender el capricho de Camacho. Los diputados Roberto Zúñiga (Vamos) y José Pérez Barboni (Moca), que son miembros de esa comisión legislativa, ya advirtieron que votarán en contra... otra vez. ¿Qué parte no ha entendido Camacho? El que persevera en el error es necio.
CHIFEO. Desde Italia, Chichi De Obarrio está reclamando la custodia de su hija menor de edad, pero, en una denuncia que también le concierne —por supuestos hechos en perjuicio de esa niña—, no comparece. Le deberían poner una bolsa con dinero como carnada, a ver si así se asoma por ese juzgado.
SECRETISMO. En la única reunión del Consejo Permanente Multisectorial para Implementar el Compromiso Nacional por la Educación (Copeme) que se ha celebrado en esta administración, la viceministra académica, Agnes de Cotes, contó que salieron los resultados del último Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE), de la Unesco. ¿Dónde están esas cifras? ¿Acaso tienen un acuerdo de confidencialidad con la organización? Alguien debería revelar esa data, que es de obvio interés público. ¿Por qué el conflicto permanente con los indicadores y la transparencia?
ACLARACIÓN. La ministra de Trabajo, Jaqueline Muñoz, ha guardado silencio después de que en redes sociales circulara un supuesto certificado de paz y salvo emitido por la CSS, el 10 de abril pasado, a favor de la Unachi. El día anterior, la ministra había dicho, en una sesión de la Comisión de Trabajo de la Asamblea, que esa universidad debía 2.2 millones de dólares en cuotas patronales. Que Muñoz aclare, porque aquí o miente ella o miente la Unachi. O la CSS.
