El Órgano Judicial tiene la enorme responsabilidad de concluir los procesos de Odebrecht, New Business, Blue Apple, Diablos Rojos y otros, antes de las elecciones del 2024. No hacerlo pondría nuestra democracia en peligro.
Estos procesos, iniciados desde hace más de un lustro, son las investigaciones de corrupción más importantes de Panamá y, en el caso Odebrecht, de Latinoamérica. El peligro de que las sentencias definitivas, sean de absolución o condena, no terminen antes de las elecciones podría llevar al poder a personas que deberían estar presas y que seguramente utilizarían ese poder para incidir en la justicia, debilitando aún mas nuestra institucionalidad
La justicia no puede estar supeditada a la política, pero tampoco puede ser ajena a la misma. Su tradicional lentitud tiene a un representante de corregimiento, condenado en segunda instancia por peculado, manejando fondos del Estado y a un embajador representando a Panamá en el extranjero, condenado por delitos ambientales. Esto sin mencionar a varios diputados y representantes que deberían estar presos, sin embargo, siguen utilizando su poder para evitar que la justicia los alcance. ¿Podremos darnos el lujo de tener un presidente, diputados, alcaldes o representantes condenados en primera o segunda instancia gobernando? ¿Pedirán a los jueces permisos de salida para ir a representarnos en instancias internacionales?
Ya vemos algunos medios, calculadora en mano, con mensajes apocalípticos o planteando escenarios aspiracionales, sin que el Órgano Judicial, la institución cuya misión es hacer justicia de manera objetiva, expedita e independiente, se pronuncie.
La jueza Baloisa Marquínez llamó a juicio por lavado de dinero a 36 personas por el caso Odebrecht. El llamamiento a juicio incluye a dos expresidentes, un exdiputado, seis exministros, seis exfuncionarios y otros.
En el caso New Business, el juicio será entre los meses de abril y mayo, y todavía está pendiente la audiencia preliminar del caso Blue Apple y la fecha de juicio del caso de los Diablos Rojos.
Varios de los llamados a juicio aspiran a presentarse como candidatos a las elecciones del 2024. No se trata de utilizar la justicia para truncar aspiraciones políticas a nadie, es un derecho humano que debe ser respetado. Se trata de determinar la responsabilidad penal de las personas antes de que las mismas se postulen para puestos de poder.
Antes de las elecciones debemos tener la certeza de su inocencia o culpabilidad, y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Electoral tienen la responsabilidad de velar porque así sea.
La autora es conductora de Sal y Pimienta y miembro de Movin.
Usado Toyota RAV4 2016
Usado HYUNDAI H-1 2018
Usado Nissan KICKS 2019
Usado Toyota Hilux Cabina Sencilla 4x2 2019 CT3160
