Todo indica que siguen sin entender

En medio de la batahola que estamos viviendo, no ha habido oportunidad para comentar la conferencia organizada por el capítulo panameño del World Compliance Association ocurrida hace unos días, que hizo posible que escucháramos a David Lewis, ex secretario ejecutivo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Una persona que conoce muy bien el caso de Panamá; dónde hemos estado y dónde estamos en la batalla mundial contra el lavado de dinero.

Lewis sorprendió por la frescura de su discurso, la transparencia con la que habló de los problemas que está enfrentando la organización para llevar adelante su misión, así como de una terrible realidad: a pesar de todos los esfuerzos, las actividades relacionadas con el lavado de dinero gozan de muy buena salud alrededor del mundo. Las cifras que presentó son aterradoras.

Con calidez y sensibilidad, Lewis trató de ponerse en los zapatos de Panamá y los panameños ante el camino cuesta arriba que enfrentamos, asegurando que a pesar de todos los tragos amargos saldremos fortalecidos del proceso, ya que se trata de una oportunidad para robustecer nuestras instituciones de prevención y sanción.

En realidad, y a pesar de un optimismo que sorprendió a todos, es un enorme y difícil reto en este país de la ineficiencia y la impunidad.

Sobre lo que nos falta se ha dicho ya mucho. Salimos de la lista cuando aprobamos el marco legal requerido, pero volvimos a entrar porque no hemos podido demostrar que estamos efectivamente cumpliendo ese marco legal, especialmente en lo que a la justicia se refiere. Como se sabe, los únicos panameños condenados por lavado de dinero son los hijos del expresidente Ricardo Martinelli, y la condena fue en Estados Unidos.

Lewis aprovechó su participación para hacer una especie de mea culpa, al señalar que la organización y quienes allí trabajan suelen explicar la razón de ser de la institución en términos técnicos y financieros alejados a la gente común, cuando en realidad el objetivo es justamente evitar el daño que produce en la gente común el dinero surgido de actividades ilícitas.

Y justamente en esta explicación radica lo que debía ser el impulso y la motivación de Panamá y los panameños para cumplir con los requerimientos del GAFI: evitar el daño que el dinero mal habido produce siempre en las instituciones, en las actividades económicas, en la política, en la gente.

No solo se trata del enorme poder que ese dinero tiene para corromperlo todo, sino que su origen va dejando destrucción y muerte, ya sea porque es dinero surgido del comercio de las drogas, de la corrupción que deja sin recursos a nuestros países, de la evasión de impuestos de quienes deciden que no tienen porqué aportar al beneficio de sus comunidades, etc.

Abordar esta vital tarea como si de un castigo se tratara, o con el ridículo grito nacionalista, es engañarnos y seguir caminando hacia el despeñadero. Y justo aquí hago conexión con la grave crisis que enfrenta el país, porque de alguna forma se trata de lo mismo: un gobierno que se ha negado a enfrentar los serios problemas institucionales existentes, mientras ha continuado con el jolgorio clientelista y la utilización de los recursos públicos como botín.

En realidad, todo está conectado. Justo antes de que los maestros de las zonas rurales de Veraguas iniciaran las protestas debido a la precariedad material que veían en las familias de sus estudiantes, el país era testigo de despilfarros de recursos públicos, excesos de todo tipo en las instituciones estatales, abusos de poder, indiferencia. La mesa estaba pues servida para el estallido social que aún mantiene a nuestros estudiantes sin clases y a las diversas actividades económicas muy afectadas.

La complicada situación que vivimos tiene como principal motivación la enorme desigualdad que existe en Panamá. Una desigualdad que se combate con políticas públicas basadas en datos rigurosos, ejecutada por funcionarios con las habilidades técnicas y profesionales requeridas, y alejados de las mezquinas agendas partidistas. Solo así se logrará impactar en los sectores más vulnerables para lograr las transformaciones que se requieren.

El famoso Pacto del Bicentenario dejó en evidencia la enorme insatisfacción de la población de todo el país en temas tan básicos como los servicios de agua, educación, salud, carreteras. Todo ello requiere, como lo he dicho tantas veces, un servicio civil profesional, técnico y despolitizado, pero siguen sin entender y siguen destruyendo las instituciones con nombramientos hechos solo para cumplir cuotas partidarias y exigencias de diputados.

Todo está conectado, pero tras el último pronunciamiento del presidente Cortizo -sin hablar del desafiante lenguaje corporal y los rostros adustos del resto de su equipo-, en el que no hizo alusión alguna a reformas que toquen los temas vinculados al rendimiento de cuentas y los abusos de poder, todo indica que siguen sin entender.

La autora es presidente de la Fundación Libertad Ciudadana, TI Panamá.