En julio de 2010 la violencia se apoderó de Changuinola. Aquella infame Ley 30, mejor conocida como “ley chorizo”, que reformaba tres códigos y seis leyes, llevándose por delante procedimientos legislativos y no pocas garantías, provocó la ira de todo Panamá, pero sobre todo la de los obreros de las bananeras en Bocas del Toro, que vieron peligrar sus derechos sindicales.
Nueve años después quedan los lutos, las secuelas y las deudas de la represión realizada en tiempos de Gustavo Pérez como director de la Policía y José Raúl Mulino como ministro de Seguridad, justo el funcionario que llevó el proyecto a la Asamblea, como una simple reforma a la legislación de aviación comercial. El resto se la calló.
Durante esos días de batalla campal, sucedió algo que viene a cuento ahora que está llegando al final el proceso seguido al expresidente Ricardo Martinelli por violar la intimidad de los panameños. Un proceso rocambolesco que, dicen por la vereda tropical, acabará en vergonzosa impunidad.
Justo cuando los sucesos de Changuinola estaban en su punto más álgido, apareció en las redes un audio que reproducía una conversación telefónica entre un supuesto dirigente obrero de las bananeras y el Dr. Francisco Sánchez Cárdenas, entonces presidente del Partido Revolucionario Democrático (PRD).
En el audio se escuchaba al supuesto dirigente, tratando de convencer al Dr. Cárdenas de que había que profundizar la violencia para afectar al Gobierno. Y aunque el político no cayó en la trampa y por el contrario intentó disuadir al personaje, el audio se presentó como la prueba “irrefutable” de que el PRD había incitado a la revuelta de Changuinola, incluso financiándola.
Tras la circulación del audio, empezó la reacción de los voceros del Gobierno apuntalando la tesis de que todo se trataba en una estrategia del PRD para desestabilizar la administración Martinelli. Con este argumento, obviamente, se buscaba descalificar los motivos de la protesta.
El relato salido muy probablemente de aquel creativo que llegó pobre (su jefe dixit) y seguramente salió millonario, intentó sin éxito llegar a la primera plana de La Prensa.
Aunque aún no lo sabíamos, o no lo sabíamos con certeza, algunos periodistas de La Prensa habían cambiado de bando, pasando a ser parte del festín de palacio y de la indignidad. Su objetivo general era impedir los cuestionamientos al Gobierno y, en ese momento en particular, deslegitimizar la protesta y, de paso, culpar al PRD. Su misión: que La Prensa dejara de hacer su trabajo.
En la tarde del día de la circulación del audio, los conversos presentaron una nota a seis columnas para la portada del diario del día siguiente, en la que responsabilizaban al PRD de la violencia en Bocas del Toro, usando como prueba el audio en cuestión. Nada decían de la violación a la intimidad que quedaba probada con la circulación de una conversación telefónica.
Ese día ratifiqué mis sospechas sobre los infiltrados y, por supuesto, junto a otros compañeros de la redacción, enmendamos la noticia para poner la luz donde había que ponerla: la violación de la intimidad. Alguien con mucho poder estaba interceptando las conversaciones privadas de los ciudadanos y violando las garantías fundamentales. Había que darlo a conocer.
Mis fuentes de la época me contaron que hubo furia en palacio, pero como bien sabemos, no se rindieron. No pudieron comprar a todos los periodistas de La Prensa, pero compraron diarios, canales de televisión y emisoras de radio, evadiendo con los útiles testaferros las prohibiciones legales sobre monopolios mediáticos. Una parte importante del periodismo local se convirtió en propaganda de la peor clase… hasta hoy.
Era el año 2010. Quedaban por delante muchas crisis e innumerables abusos: información confidencial que reposaba en documentos públicos y más conversaciones telefónicas privadas circularon por las redes, mientras las mentiras pasaron a las primeras planas y todo el aparato estatal era usado para amenazar y quebrar. Algunos experimentamos la magnitud del monstruo muy cerca. En el PRD lo sufrieron y mucho, aunque estos días todo indica que lo han olvidado. Justo por eso, hoy se los recuerdo.
La autora es periodista, abogada y directiva de la Fundación Libertad Ciudadana.
