Hace unas semanas, el Tribunal Electoral fue sede de la presentación del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL) 2023, un informe que evaluó la transparencia y participación ciudadana en los poderes legislativos de catorce países latinoamericanos. La presentación fue organizada por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, el capítulo panameño de Transparencia Internacional, organización dedicada a la lucha contra la corrupción. La Fundación también llevó a cabo la investigación de la Asamblea Nacional, cuyos datos integran el Índice.
Los resultados del ILTL 2023 colocaron a Panamá en el décimo puesto de catorce países evaluados, revelando deficiencias significativas en la regulación de la conducta de los diputados y en la garantía de la participación ciudadana en decisiones importantes, como el presupuesto del Estado. Esta posición no solo refleja un estancamiento, sino también la urgente necesidad de reformas para fortalecer las instituciones democráticas y promover un desarrollo económico sostenible.
A diferencia de este panorama, la experiencia del exsenador y exministro chileno Hernán Larraín destaca la importancia de la transparencia legislativa como un factor clave para fortalecer las instituciones, mantener una democracia estable y promover el desarrollo económico. El caso de Chile ofrece lecciones valiosas que Panamá podría aprovechar para mejorar su propio sistema legislativo y a su vez promover la democracia y el desarrollo del país.
Propuestas para mejorar la transparencia legislativa en Panamá
Inspiradas en estas lecciones, se proponen medidas concretas para abordar las deficiencias en la gestión legislativa de Panamá:
1. Normativas de transparencia: Panamá necesita leyes sólidas que regulen la conducta de los diputados y garanticen la transparencia en sus actividades. Estas leyes deberían exigir que los diputados proporcionen informes detallados sobre sus gastos y actividades, incluyendo viajes, financiamiento de campañas y cualquier otro aspecto relevante de su gestión. Además, se deben establecer sanciones claras y efectivas para aquellos que violen estas normativas, asegurando así la rendición de cuentas y la responsabilidad ante la ciudadanía.
2. Participación ciudadana: Es fundamental que los ciudadanos tengan voz y voto en las decisiones legislativas que afectan sus vidas. Para lograr esto, se deben implementar mecanismos legales que garanticen la participación activa de la ciudadanía en el proceso legislativo. Esto va más allá del ámbito presupuestario e incluye aspectos como la elaboración de leyes, políticas públicas y programas de gobierno. Estos mecanismos podrían incluir audiencias públicas, consultas ciudadanas y la creación de comités de seguimiento y control ciudadano.
3. Políticas administrativas transparentes: La transparencia en la gestión administrativa de la Asamblea Nacional es crucial para garantizar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Esto implica no solo brindar acceso público a información detallada sobre el uso de los recursos, sino también sobre la estructura interna y el funcionamiento de la Asamblea. Se deben establecer políticas claras y transparentes que regulen la contratación, el gasto y cualquier otra actividad administrativa, con el objetivo de prevenir la corrupción y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
Necesidad de actuar
El Compromiso por una Asamblea Transparente, una iniciativa de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, responde a las propuestas presentadas por Larraín y busca abordar las deficiencias identificadas en el Índice. Establece medidas como la aprobación de leyes anticorrupción, la derogación de privilegios para funcionarios, la publicación de declaraciones de intereses, y una serie de reformas al Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, que van desde limitar el nepotismo hasta garantizar la transparencia en las votaciones y la gestión financiera.
Perspectivas para el futuro
La transparencia legislativa cobra aún más relevancia a solo dos semanas de las elecciones. Con el respaldo de 23 candidatos, el Compromiso promueve la rendición de cuentas y la ética en el ejercicio del poder legislativo, fortaleciendo los principios democráticos y la lucha contra la corrupción.
Los ciudadanos también tienen un rol que jugar. Al elegir a candidatos, ya sea para la presidencia, la asamblea, las alcaldías o juntas comunales, que demuestren un compromiso genuino con estos valores, la ciudadanía puede contribuir efectivamente a un gobierno más transparente y a una sociedad más democrática. Cada voto ayuda a impulsar un cambio.
Mejorar la transparencia legislativa en Panamá no solo es una necesidad, sino también una oportunidad para promover un desarrollo sostenible en el país. La implementación de normativas de transparencia puede fomentar un entorno propicio para la inversión y el crecimiento empresarial. La confianza en las instituciones legislativas y en el Estado de derecho es fundamental para atraer inversiones y estimular el desarrollo económico en el país, lo que podría contribuir significativamente a recuperar el grado de inversión y fortalecer la economía panameña.
La autora es periodista y asesora política.
