Creo que como Donald Trump ha pensado toda su vida que las leyes no se aplican a él, fue un shock verse condenado la semana pasada de 34 cargos penales de falsificación de documentos comerciales. Carecen de fundamento todas sus acusaciones desde entonces sobre las supuestas manipulaciones del juez y del fiscal, y sus ataques a la ilegitimidad de todo el sistema judicial estadounidense. El sistema estadounidense de justicia penal tiene muchas fallas, cierto; pero Trump y sus abogados de muy alto perfil pudieron aprovechar al máximo todos derechos del debido proceso, ventaja que imputados menos afortunados no poseen. Lo que de veras enfurece a Trump es que él quiere estar por encima de la Ley, no sometido a ella como tiene que ser en una democracia. Con su acostumbrada hipocresía y doble moral, quiere que la Ley castigue duramente a todos menos a él mismo.
Recordemos, por ejemplo, el caso del “Central Park Jogger”. En 1989, una joven que estaba jogging (trotando) en el Parque Central de Nueva York fue brutalmente asaltada y violada. Cinco muchachos –negros y latinos-- que se encontraban en el parque fueron arrestados e interrogados hasta que confesaran. A pesar de que no había evidencias físicas que los vincularan al crimen, los cinco muchachos fueron condenados y sentenciados a prisión. En reacción al caso, Trump –a la época conocido meramente como empresario multimillonario, no político-- tuvo a bien pagar anuncios de página entera en todos los diarios de la ciudad pidiendo que “Devuelvan la Pena de Muerte” en Nueva York.
En 2002, otro hombre confesó que él, actuando solo, había cometido el crimen y pruebas de ADN confirmaron su culpabilidad; una investigación validó la inocencia de los cinco muchachos y reveló que las confesiones habían sido falsas, obtenidas bajo presión extrema. Los “Central Park Five” fueron absueltos y el municipio de Nueva York les pagó una compensación de $41 millones. El procurador de Nueva York reconoció que “se les cometió una injusticia”, pero Trump siempre ha rehusado hacer igual, como tampoco admite remordimiento por haber planteado que aquellos muchachos merecían pena capital. En Netflix hay una serie sobre el caso titulado When They See Us; se los recomiendo.
Tengo otros ejemplos de cómo Trump quiere justicia dura para los demás pero impunidad para él. Durante la campaña presidencial de 2016, a Trump le encantaba animar sus eventos políticos con el eslogan insultante de que a Hillary Clinton había que “Lock her up! Lock her up!” (”Métanla presa!”). Sus seguidores, muertos de risa, recogían el eslogan y respondían en coro, “Lock her up! Lock her up”, a lo que Trump solía reaccionar con evidente satisfacción. El supuesto crimen que Trump le achacaba a Clinton era mal manejo de documentos secretos en su celular, cosa mil veces menos reprochable de lo que hemos aprendido de Trump desde entonces. Pero en esa campaña en que Trump pretendía encarcelar a Clinton por mal manejo del celular, simultáneamente se jactaba de que él “podría abalear a alguien en la Quinta Avenida” sin pagar precio político alguno. Y él todavía piensa así; sus abogados han tenido la osadía intolerable de argüir ante los tribunales que la inmunidad presidencial es tan absoluta que un mandatario hasta puede ordenar el asesinato de un rival político sin ser procesado penalmente.
Con eso llegamos a la condena actual. ¿Qué precio pagará Trump por los delitos de los que ha sido condenado? Políticamente, probablemente ninguno y la condena hasta quizás lo ayude; hay que esperar para ver. Judicialmente, casi nada; en Estados Unidos no se acostumbra privación de libertad para delitos no violentos cuando el imputado no tiene condenas anteriores.
Pero más importante es preguntar esto: ¿Cuál es el precio para un país cuando no se es fiel a principios de debido proceso e igualdad ante la Ley, hasta para presidentes? ¿Y qué precio pagará un país que elige un presidente que no cree en esos principios ni en los más elementales preceptos de democracia y decencia?
La autora es periodista.
