Existe un dicho popular que afirma: “No hay peor ciego que el que no quiere ver”, el cual parece aplicarse a la reciente firma de un memorando de entendimiento entre el Ministerio de Seguridad Pública de Panamá y el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este acuerdo aborda actividades cooperativas en materia de seguridad en Panamá. Es innegable que Panamá y Estados Unidos mantienen una relación estrecha en este ámbito.
Esta relación no comenzó con el gobierno actual; se ha desarrollado durante el siglo pasado y se fortaleció gradualmente tras la invasión, estrechando los vínculos entre ambas partes. La cooperación se ha centrado principalmente en temas de seguridad, desarrollo y educación. Aunque la situación no es nueva, lo novedoso radica en la forma en que se ha establecido en esta ocasión.
El Tratado Concerniente a la Neutralidad Permanente del Canal y al Funcionamiento del Canal de Panamá establece de manera explícita que el Canal de Panamá, según su artículo 1, será permanentemente neutral como vía de tránsito internacional, en tiempos de paz y de guerra (artículo 2). Los Estados Unidos, conforme al artículo 4, se comprometen a mantener el régimen de neutralidad junto con Panamá. El artículo 5 especifica que, tras la finalización del tratado, únicamente la República de Panamá gestionará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones dentro de su territorio.
Desde la reversión de la zona del Canal, ninguna nación extranjera ha utilizado instalaciones bajo propiedad panameña. No obstante, Panamá permite y autoriza el uso de ciertas infraestructuras, como un aeropuerto, bases navales y campos de entrenamiento. Lo curioso es que se ha denominado “memorando de entendimiento internacional” a lo que debería ser un simple acuerdo de compromiso entre dos partes, aplicable como un marco general de cooperación no vinculante. Un memorando deja de ser considerado como tal cuando la intención de las partes es que sea vinculante. Esto oculta lo que, en esencia, debería ser un tratado aprobado por ambos Estados, con la participación de sus respectivos ministerios (especialmente los de exteriores y del ramo correspondiente) y órganos legislativos. En otras palabras, se emplea para evitar las obligaciones y requisitos formales del derecho internacional.
Idealmente, este tipo de acuerdo debería ser aprobado por el pueblo a través de las leyes internas de cada Estado parte, y no solo por el gobierno. Para determinar si un memorando es vinculante, es necesario analizar la intención de las partes y la posición de los firmantes. En este caso, parece que se ha firmado un documento que aparenta ser lo que no es, aunque se presenta ante la opinión pública como un simple acuerdo de cooperación. Generalmente, los memorandos son documentos cortos y sencillos que establecen compromisos y metas comunes entre las partes, sin crear obligaciones legales bajo el derecho internacional. Se usan para formalizar relaciones de cooperación entre Estados y establecer objetivos, un marco común de acciones futuras o una hoja de ruta, especialmente cuando las partes no pueden o no están listas para firmar un tratado vinculante.
Es improbable que el gobierno de los Estados Unidos acepte un acuerdo similar si Panamá solicitara utilizar instalaciones en su territorio bajo las mismas condiciones. No podemos ignorar que somos un país pequeño en relación con el poder estadounidense. Sin embargo, contamos con una ubicación geográfica privilegiada y un canal que facilita el comercio mundial. El acuerdo tiene una duración de tres años, con posibilidad de prórroga, y establece que todas las instalaciones son propiedad de Panamá. El Ministerio de Seguridad Pública debe proporcionar notificación previa para acceder a las mismas. Además, cualquier mejora o construcción realizada en las instalaciones será propiedad de Panamá una vez que el ejército estadounidense finalice su uso.
El documento también menciona que las instalaciones serán utilizadas para actividades humanitarias y de entrenamiento, entre otras que establezcan las partes. Es importante recordar que Panamá no dispone de un ejército debido a la prohibición establecida en el artículo 310 de la Constitución Nacional. Sin embargo, cuenta con un cuerpo policial especializado, el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), cuya misión es proteger sus fronteras nacionales. Este organismo recibe entrenamiento especializado para operar en entornos selváticos, diferente del entrenamiento recibido por la policía urbana.
La cooperación en temas como el intercambio de información, equipos, migración, aduanas, educación, entrenamiento y criminalística es crucial para el país. Sin embargo, la implementación de este acuerdo genera serias dudas sobre si se han infringido los Tratados Torrijos-Carter. Se podrían haber establecido acuerdos de cooperación sin recurrir a la autorización del uso de territorio por parte de un ejército extranjero. Algunas áreas cedidas se encuentran en condiciones muy deterioradas, lo cual refleja que no hemos aprovechado plenamente el territorio entregado junto con el Canal de Panamá.
Un desafío persistente para ambos países es la gestión de información. Durante conferencias de prensa nacionales se proporciona cierta información, mientras que en el ámbito internacional el gobierno estadounidense ofrece otras versiones. Esto puede dar la impresión de que existen dos líneas de comunicación distintas, lo cual genera errores de interpretación y confusión entre la población. Es fundamental comprender que no se trata de oponerse a la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, la implementación de estas medidas ha generado tensiones respecto a nuestra soberanía y plantea desafíos jurídicos. Este nuevo enfoque de influencia estadounidense también nos posiciona en un conflicto geopolítico con China, lo que demanda mayores garantías legales para respetar nuestra soberanía y asegurar el control panameño sobre las instalaciones.
Panamá debería haber establecido mecanismos más robustos de supervisión y rendición de cuentas para garantizar sus derechos como Estado soberano, evitando compromisos indeseables. Asimismo, es esencial concretar detalles sobre el impacto ambiental, el acceso a las instalaciones y su supervisión, para prevenir futuros problemas y dependencias. En este contexto económico y político, resulta crucial que Panamá mantenga su posición como actor neutral, garantizando que este acuerdo sirva a sus intereses nacionales.
El autor es abogado, investigador y doctor en estudios avanzados en derechos humanos.
