Un plan para la construcción y reconstrucción moral, cívica, económica y social de Panamá

Proponemos una iniciativa directa para todos los panameños honrados, ya sea de manera individual o en grupos, con el objetivo de mejorar la administración del Gobierno y la sociedad en busca de un Panamá próspero. Nuestra meta es promover valores como el trabajo digno, la honestidad, la igualdad, la responsabilidad y el respeto hacia todos los ciudadanos.

Aspiramos a erradicar la corrupción tanto en el sector público como en el privado, así como a combatir la politiquería y el crimen que han prevalecido en las últimas cinco décadas, con el fin de construir una sociedad más justa y ética para todos.

La norma y guía fundamental de este Plan es la Constitución Política de la República de Panamá. Muchas de las recomendaciones aparecen en la Constitución, pero no son hechas cumplir o burladas por las autoridades o los ciudadanos, En un Estado de derecho, todo daño causado a los ciudadanos debe ser reparado o compensado por los responsables.
El objeto de la actividad del Estado es atender las necesidades fundamentales de los ciudadanos.
El objeto de la actividad económica llevada a cabo por el Estado o los particulares es la satisfacción de las necesidades de los consumidores de los bienes y servicios públicos y privados.
Los organismos del Sector Público en al ámbito nacional, provincial y local presentarán públicamente a principios de cada año un plan de ejecución de obras de funcionamiento e inversión, y a fin de año un Informe del cumplimiento de tales planes.
El Órgano Ejecutivo establecerá un mecanismo de coordinación y seguimiento continuo de tales planes y del uso de los recursos asignados por parte de las autoridades y los ciudadanos.
Todas las personas que presten servicios en el Sector Público deben pasar por un proceso de selección y de evaluación periódica para determinar o ajustar su nivel de capacitación profesional, y continuar prestando servicios o ser removidos de los cargos.
El Estado establecerá normas de salarios rigurosas y racionales para todos los funcionarios.
No habrá reelección para quienes desempeñan cargos en el Sector Público.
La información sobre las actividades del Sector Público, especialmente aquellas relacionadas con el uso de recursos públicos, será de libre acceso para todos los ciudadanos.
El Estado solo hará pagos que correspondan estrictamente a servicios que le hayan sido efectiva y correctamente prestados.
La incompetencia en la prestación de servicios públicos será castigada con sanciones administrativas, pecuniarias y penales.
Cada inversión del Sector Público deber ser objeto de un estudio de costo- beneficio social para determinar su factibilidad y prioridad. En el Sector Privado, para determinar su grado de conveniencia económica y social.
El Estado revisará rigurosamente el costo y los términos y condiciones de los servicios que le son ofrecidos.
Los pagos del Estado a los proveedores de bienes y servicios deberán ser efectuados en un plazo no mayor de un mes después de ejecutados satisfactoriamente.
El endeudamiento del Sector Público con fuentes externas de financiamiento será únicamente para proyectos de inversión en infraestructura económica y social, en términos y condiciones comparativamente favorables.
Ninguna administración del Estado deberá dejar endeudamiento a la Administración que la suceda que sea superior al 50% del endeudamiento existente al iniciar su gestión.
Los gastos anuales de funcionamiento del Sector Público más las inversiones del Sector deberán ser menores o a lo sumo iguales a los ingresos. No habrá déficit fiscal.
El robo o malversación de fondos públicos, la posesión ilegal de armas de fuego, la asociación con delincuentes organizados del Sector Público o Privado, las loterías ilícitas, el blanqueo de capitales, el fraude electoral, cualquier forma de discriminación de los ciudadanos y los hechos de sangre contra mujeres, niños y ancianos serán castigados con reclusión perpetua, sin derecho a reducción de pena. El tráfico ilegal de narcóticos y sus vínculos políticos, comerciales o de otro tipo serán castigados con pena de muerte.
La destrucción de propiedad pública será pagada por los autores o familiares de los causantes.
El Estado adoptará las medidas para proteger a los ciudadanos de abusos y fallas en a los usuarios y prestatarios de todos los servicios gubernamentales y privados (educación, salud, agua, basura, protección, etc.) , comerciales, laborales, médicos, de transporte, bancarios, financieros, profesionales, de utilidad pública y de otra naturaleza, para sancionar a los responsables de tales fallas y abusos y para resarcir a los perjudicados.
Las fallas en la prestación de servicios públicos pueden ser subsanadas con la contratación de gobiernos o empresas del extranjero para llevarlos a cabo.
El Estado procederá al desmantelamiento y cancelación de todos los juegos de azar, con excepción de la Lotería Nacional de Beneficencia.
La interrupción del tránsito en calles y carreteras, y de labores en servicios públicos, será objeto de sanciones penales sin posibilidad de reducción de pena.
Las personas recluidas en instituciones penales deberán compensar con su trabajo el gasto público de alimentación, manutención y
Las personas encontradas culpables de actos delictivos deberán pagar las costas judiciales.
Las normas y procedimientos para investigación, encausamiento y juzgamiento por delitos o contravenciones serán iguales para todos los ciudadanos. No habrá inmunidad para ningún ciudadano.
Las Universidades del Sector Público serán gratuitas el primer año para todos los estudiantes, y del segundo año en adelante solo para los estudiantes que vayan aprobando los cursos o carreras según su duración regular.
Se elimina el subsidio electoral del Sector Público y Privado y a partidos políticos o candidatos a cargos de elección, y se reemplaza por la obligación de los medios de información de dar espacio gratuito a los candidatos para su propaganda.
La Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud serán reorganizados para separar las prestaciones de salud de las de seguridad social, y asegurar el cumplimiento eficaz de ambas.
No se concederán moratorias de ningún tipo para el pago de impuestos o tasas, o compromisos con organismos financieros del Sector Público.
La Fuerza Pública debe concretarse a sus funciones específicas de policía y eliminar estructuras y prácticas militares.
Panamá cumplirá estrictamente sus compromisos internacionales y la política exterior de Panamá será determinada por los intereses del país, sin alineamiento ni sujeción a otros países u organizaciones y fijando las compensaciones necesarias.
Las actividades religiosas y festivas profanas serán costeadas por sus promotores y participantes, sin aporte de fondos estatales.
Todas las áreas concedidas a los pueblos originarios deben ser incorporadas efectivamente al servicio de esos pueblos y del resto de los panameños.
El Estado deberá llevar a cabo un prolijo esfuerzo para identificar los casos de malversación de fondos y bienes públicos desde 1989, para recuperar los recursos malversados y para aplicar normas penales a los responsables.