El país está en un “Positivo Plus” con el nuevo gobierno de José Raúl Mulino, producto de la voluntad del pueblo. Hoy opinaré sobre un gran problema que, debido al cambio de gobierno, está bajo el radar público. Me refiero a la administración de la empresa más importante de Panamá… nuestro Canal, el Canal de todos los panameños, única empresa de nuestro país que no puede ni debe tener problemas laborales.
Explico: todo se inicia con los Acuerdos Bambito y Coronado, a los que toda la sociedad panameña fue convocada post dictadura de 21 años por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), luego de la invasión de 1989 y la instalación en el poder de Guillermo Endara G., legítimo ganador de las elecciones canceladas por el narco-dictador Noriega. El PNUD convocó los Acuerdos de Bambito con la intención de lograr que “enemigos” se sentaran a la misma mesa, conversaran de tú a tú acerca de los intereses de la nación con el objetivo mínimo de levantarse de la mesa como adversarios civilizados. El objetivo se logró y dio pie a las convocatorias del PNUD en Coronado. El primer tema fue prepararnos como nación para recibir la administración del Canal de Panamá, que pronto sería realmente 100% nuestro. Era una reunión vital porque no teníamos marco jurídico alguno para el tema más importante de nuestra historia. Allí, en ese primer Coronado, estaban conocidos representantes legítimos de toda la sociedad: política (todos los partidos), profesional, civil, estudiantil, indígena, religiosa, empresarial, obrera y campesina de todas las áreas geográficas… ¡toda la sociedad! El PNUD tenía un grupo asesor de 5 personas de distintas corrientes, entre ellas este servidor, y un coordinador de mesa, que fue el expresidente de Colombia Belisario Betancur (1982-1986). Fueron 3 días y 2 noches de reuniones intensas de construcción de los marcos legales y constitucionales panameños, requeridos para recibir el Canal.
Recuerdo (como si fuera ayer) cuando tocamos el tema sindical. Estando presentes todos los sindicatos del Canal, se inició la conversación sobre el derecho a huelga. Hubo una agitación de posiciones encontradas, gritos, y golpes de puertas, hasta que representantes de la sociedad civil se pusieron de pie y alguien gritó “¡un momento!”… “¡time out!”… “Señores, esta no es una negociación obrero/patronal; estamos hablando del sueño histórico de todas las generaciones de panameños: el Canal panameño. Pongámonos todos el sombrero de la Patria y razonemos.” Se calmó la sesión y la discusión se centró en “qué debemos otorgarles a los sindicatos a cambio de la eliminación del vital derecho a huelga”. Se construyó un sistema ordenado de reglamentación interna con una Junta de Relaciones Laborales (JRL) que resolvería las diferencias laborales, con cumplimiento de sus dictámenes por las partes y con posibilidad de una única apelación a la Corte Suprema. Esta decisión de toda la sociedad panameña en presencia de una organización internacional convocante (PNUD) dio pie a los artículos de la Constitución y la ley que hoy rigen.
Fue una decisión colectiva de toda la población en cumplimiento del sueño histórico de todas las generaciones de panameños.
¿Qué está ocurriendo hoy? En el Canal hay “prácticos” (los que conducen los barcos en aguas del Canal y ganan compensaciones acordes con el mercado internacional) y “capitanes”, con ingresos muy menores, que conducen los remolcadores. Ambos –prácticos y capitanes– tienen la misma preparación y los capitanes constituyen la bolsa que produce futuros prácticos. Con el Canal ampliado, los capitanes adquirieron nuevas funciones y nuevos riesgos porque ellos son quienes ingresan los barcos a las esclusas, función que comparten con las mulas en las esclusas tradicionales. Por esta razón merecen, lógicamente, mayor consideración y compensación.
Con esta administración, los capitanes estuvieron negociando su contratación colectiva por 5 años… ¡por 5 años!... sin acuerdo. Esto, en mi concepto, muestra una deficiencia inaceptable en la administración del Canal.
Desesperados, someten la controversia a la Junta de Relaciones Laborales (JRL) y sale la decisión con un 25% aproximadamente a favor del sindicato y el resto a favor de la administración… pero además determina un contrato colectivo en firme con efecto devolutivo (no suspendido).
¿Qué hace la administración?... no implementa la convención, ignora la decisión de la comisión, por lo que se habla de ir a la Corte (hay procesos que han ido a la Corte hace 5 años y más pero que no se cumplen por parte de la administración).
Conclusión: la administración del Canal de Panamá, nuestro Canal, ha decidido que en asuntos laborales con los capitanes, para ellos simplemente no existe la ley. Con esa actitud, ¿cómo pretenden atender el vital tema social de la población de Río Indio?
¡No parece posible, pero así es! La conclusión es que la administración del Canal, en el vital tema laboral, está poniendo en riesgo el activo más importante (nacional e internacional) de la República. Como ciudadano partícipe activo de los consensos nacionales que dieron pie a las regulaciones, le digo con convicción a los administradores y también a los miembros de la junta directiva del Canal que su manejo, al ignorar consensos nacionales y la ley, es inaceptable… el cual, al iniciarse el nuevo gobierno, exige un cambio radical. No tienen derecho a jugar con nuestro Canal… principal activo de la República.
El autor es fundador de La Prensa.
