El Municipio siempre ha sido una entidad de vecinos en un determinado territorio, con la capacidad de gestionar intereses comunes y libre para gobernarse por sus propias leyes. El origen de esta organización social en algunos países del mundo se remonta a su historia, por ejemplo: el Uji en Japón y la Sipe en Alemania. En América parece haber sido traído por los españoles y siempre ha estado ligado a la administración de las ciudades.
En Panamá, al igual que en otros lugares de América, el Municipio está administrado por un cuerpo colegiado denominado Ayuntamiento, cuyos miembros son escogidos por elección popular directa, al igual que su presidente (alcalde). Queda claro que el Ayuntamiento es la instancia pública más importante del Municipio y quien lo administra, siendo, por consiguiente, el principal responsable de orientar y ordenar las acciones de la población hacia un mejoramiento permanente de la calidad de vida de los habitantes de su jurisdicción, a fin de brindar servicios públicos en cantidad, calidad y oportunidad, según lo dispone la Constitución y las leyes de la República.
Los servicios públicos en cualquier ciudad del mundo que contempla el proceso de desarrollo urbano, y que son responsabilidad del alcalde y el ayuntamiento, suelen ser los siguientes: suministro de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, administración de mercados, centrales de abasto, cementerios, mataderos, calles, espacios abiertos (parques, plazas, jardines, áreas verdes), seguridad pública, tránsito, ordenamiento y administración del suelo urbano y del territorio municipal, promoción de la participación ciudadana, mejoramiento social y cultural de sus habitantes, y demás funciones que le asigne la Constitución y las leyes.
En el distrito capital de la República, el de San Miguelito y otros distritos del país, se han quitado funciones y responsabilidades básicas a la organización (alcalde y ayuntamiento). Por ejemplo, el suministro de agua potable y alcantarillado lo atiende el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan); las calles, el Ministerio de Obras Públicas (MOP); el tránsito, la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Policía de Tránsito; los mataderos quedaron a cargo de la empresa privada; el ordenamiento del territorio está casi dominado por el Ministerio de Obras Públicas (Miviot); la seguridad municipal a cargo del Ministerio de Seguridad Pública y el Cuerpo de Bomberos; el alumbrado público fue privatizado, y la gestión de residuos quedó a cargo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), en su mayoría también privatizado, entre otros.
Por tanto, son pocas las funciones que les quedan a los alcaldes de Panamá y San Miguelito; se ocupan principalmente de la recaudación de algunos impuestos, los cementerios, el aseo y ornato (excluyendo el Parque Omar y la Cinta Costera), la administración del suelo del municipio y de la actividad constructiva del desarrollo inmobiliario.
Resulta paradójico que el Estado nacional invierta tantos recursos del erario público en mantener un cargo de tanta relevancia en la administración pública municipal, considerando la cantidad limitada de funciones y responsabilidades que actualmente deben atender estos funcionarios.
Las instancias de gobierno encargadas de la planificación macro del país, a nivel nacional (Miviot, Ministerio de Economía y Finanzas y MOP), deben producir planes integrales municipales que proporcionen a los alcaldes y ayuntamientos programas guía, denominados Agenda Municipal, para administrar el municipio de acuerdo con el mandato para el que son electos.
Estas instituciones del Estado y el gobierno nacional deben determinar el tipo o modelo de desarrollo urbano y de ciudades que se quiere o se necesita en el presente y en el futuro cercano. Sin embargo, da la impresión de que siempre se ha vivido al estilo antiguo, sin una planificación adecuada por parte de los desarrolladores. Después de 121 años de vida independiente y numerosos períodos presidenciales y de gobierno, parece no haber un interés real en el desarrollo urbano, a pesar de su importancia fundamental para mejorar la calidad de vida de la población.
Actualmente, todos los alcaldes llegan al cargo con sus ideas o las de quienes los apoyaron en la campaña política, creyendo conocer el municipio luego de recorrerlo brevemente, según decía mi madre. Pero esas ideas suelen estar lejos de las necesidades reales del municipio y su población. Esto es comparable a un docente que entra al aula sin un programa institucional, desarrollando lo que a él o ella le parece adecuado.
Parece como si se eligieran funcionarios cuya principal labor fuera organizar ferias, desfiles, construir aceras y paradas de autobuses que no cumplen con los requisitos básicos del desarrollo urbano moderno, sin olvidar la concesión de permisos para cualquier negocio que aparezca. No es justo que el erario público gaste tanto en salarios para desempeñar tan pocas funciones.
Si se considera una reforma constitucional, también debería revisarse el proceso de selección del alcalde del distrito capital; se podría proponer que el presidente lo nombre como su representante ante el municipio y la ciudad sede del gobierno del Estado, designándolo como administrador de la ciudad. Asimismo, debería incluirse un título constitucional sobre Desarrollo Urbano, que el país requiere con urgencia.
El autor es abogado y urbanista
