Hace años que en la sociedad panameña se debate la necesidad de una reforma constitucional. No es casual, las señales de agotamiento de nuestra Carta Magna se manifiestan de tiempo en tiempo cada vez con una frecuencia más regular. La última perla en este corolario de razones es a razón de la minería.
La Asamblea Nacional en cumplimiento de su rol constitucional debe aprobar o rechazar el acuerdo minero según lo que señala el artículo 159, numeral 15. La escueta redacción de este último artículo, lamentablemente, se presta para interpretaciones a conveniencia de los intereses de turno. Mientras, simultáneamente, se está a la espera de la aprobación del mayor presupuesto que este país ha visto jamás y la reforma de la Ley de transparencia preocupa a grupos de activistas anticorrupción.
¿Cuál es el límite de la representatividad? ¿Cómo es que leyes tan importantes son restringidas de una apropiada participación ciudadana?
¿Dónde quedó aquella idea que concibe al pueblo como el soberano absoluto de la democracia?
No cabe duda de que la discusión de leyes tan importantes al margen de una correcta discusión ciudadana termina por restarles legitimidad. No es de extrañar que la apatía de cierta parte de la población frente a los grandes temas políticos de hoy día sea en gran medida el resultado de ser siempre excluidos de la toma de decisiones. La representación de las masas populares como fue concebida en 1972 no se asemeja a la que necesitamos en la sociedad de hoy.
El desarrollo tecnológico ha ampliado a niveles inimaginables las posibilidades de comunicación casi a un extremo de poner nuevamente la democracia al alcance de aquella fórmula griega, donde los ciudadanos de las polis decidían su destino de manera directa, sin verse en la necesidad de recurrir al espejismo de la representación. Las redes sociales han dado espacio a muchas voces, sin embargo, el Estado no ha sido diligente en la tarea de capitalizar estas herramientas para llevar la toma de decisiones más cerca de los ciudadanos.
La participación cívica parece un tipo de lepra que asquea a las autoridades que temen ver disminuido su poder conforme se ven obligados a consultar lo que se hace con los fondos públicos.
Ahora en los tiempos que vivimos ningún político puede dar la espalda al poder de la Internet. Ya no pueden hacer campañas sin él, lo necesitan para alinear a las masas en pos de sus proyectos políticos. Pero una vez se termina el periodo de elecciones, ya no necesitan tener la misma interacción con los ciudadanos, ya no atienden las consultas de sus copartidarios, ni quieren rendir cuentas sobre su trabajo.
Entonces es aquí donde una constitución actualizada dispondría la obligación de hacer consultas públicas integrales, daría mayor transparencia a la elaboración y aprobación del presupuesto, y permitiría una discusión apropiada y profunda de las concesiones mineras.
Mientras nuestra norma constitucional se limite meramente a ordenar el Estado sin servir a los hombres, ni a la justicia, seguirá siendo el puerto seguro que cobija las injusticias sociales. Ante una situación tan alarmante no queda más al lector y ciudadano que reflexionar sobre una oportuna cita de Platón que hace el jurisconsulto norteamericano Brian Tamanaha en su obra On the Rule of Law: “Donde la ley está sujeta a otra autoridad y no tiene nada propio, el derrumbe del Estado, en mi opinión, no está muy lejano; pero si el derecho es amo del gobierno y el gobierno es su esclavo, la situación está llena de promesas y los hombres disfrutan de todas las bendiciones que los dioses prodigan al Estado”.
El autor es abogado, consultor e investigador jurídico.
