Una cuestión de cariño

Hace unas semanas, cuando algunos periodistas le preguntaron al presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, Benicio Robinson, sobre la distribución arbitraria de los recursos públicos para beneficio de los gobiernos locales controlados por el partido que preside, el diputado respondió con el desparpajo que lo caracteriza que sí, que así son las cosas cuando el PRD gobierna.

Lo cierto es que la llamada descentralización paralela puso luz sobre un proceso que, como tantos otros, ha descarrilado debido a las conocidas patologías de la democracia panameña: debilidad institucional, ausencia de rendimiento de cuentas, impunidad y clientelismo.

Descentralizar significa ceder poder, competencias y recursos desde el gobierno central a los gobiernos locales. Implica acercar las decisiones de la Administración Pública a los ciudadanos; requiere participación ciudadana en la toma de decisiones y en la fiscalización de la gestión; significa mayor y mejor democracia. Esa es la teoría, pero la realidad tomó otro camino con la llegada del PRD al poder.

Dejando de lado el accidentado proceso que logró su sustento legal en las postrimerías del gobierno de Martín Torrijos, pero que fue suspendido durante el mandato de Ricardo Martinelli y que finalmente se puso en práctica durante el gobierno de Juan Carlos Varela, lo que ha sucedido ahora es de antología.

Como se sabe, una investigación de esta casa reveló que la Autoridad Nacional de Descentralización transfirió más de $200 millones a los gobiernos locales, al margen de la fórmula de distribución que establece la Lay 66 de 2015 que regula el proceso de descentralización.

La indignación que el tema ha generado provocó todo tipo de reclamos, denuncias acciones legales que buscan que los entes de control hagan su trabajo. Mientras, desde el Gobierno nos siguen dorando la píldora.

Esta semana, por ejemplo, escuchamos al candidato presidencial del partido en el poder, José Gabriel Carrizo, dar su versión de los hechos.

Para comenzar, calificó de politiquería una rigurosa investigación periodística. Acto seguido, aseguró que repartir dinero a los municipios y corregimientos a través de la Autoridad Nacional de Descentralización, es cumplir con el mandato constitucional que ordena fortalecer “el poder popular”, aunque realmente eso no es lo que dice la Constitución. Finalmente citó el presupuesto nacional como sustento de las transferencias realizadas.

Bueno, paso a afinar el lápiz para aclarar. Empiezo por decir que la Ley 66 de 2015 regula el proceso de descentralización, estableciendo los pasos, los procesos y las fórmulas para transferir recursos desde el gobierno central. Y entre las cosas que regula, está la creación de la Autoridad Nacional de Descentralización.

Según la citada ley, la Autoridad debía ser creada cuando el proceso descentralizador hubiese alcanzado una segunda etapa, que incluía que los municipios hubiesen recibido las partidas asignadas del impuesto de inmueble y logrado fortaleza institucional, mediante la ejecución de un plan de capacitación y desarrollo de su recurso humano, con la aplicación de los principios de “méritos y eficiencia” propios de la Carrera Administrativa.

Pero en este país de la simulación perpetua, las cosas fueron por otro camino. Así, el 16 de septiembre de 2020, el entonces Secretario Nacional de Descentralización -una instancia con carácter transitorio creada por la Ley 66- emitió una nota en la que daba fe de que se habían cumplido la primera fase del proceso descentralizador, incluyendo “el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales”. Un verdadero prodigio teniendo en cuenta que estábamos en plena pandemia, y que el clientelismo había producido la habitual barrería en el funcionariado de municipios y juntas comunales.

Así, con un visto bueno fake, el presidente Laurentino Cortizo y el entonces ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo, aprobaron el Decreto Ejecutivo 587 de 23 septiembre de 2020, que creó la Autoridad Nacional de Descentralización. Que el hoy candidato haga malabarismo para defender su obra, es más que lógico.

Un dato adicional: el candidato designó a Alexander Hepburn -su asistente en el Ministerio de la Presidencia y operador político del PRD-, como presidente de la junta directiva de la recién creada Autoridad de Descentralización. Todo quedaba bien amarrado para los tiempos que vendrían.

Finalmente, el señor candidato aseguró en televisión nacional, que toda la discusión estaba mal encaminada, porque solo habían ejecutado el presupuesto nacional, transparentemente aprobado. Pues no y paso a contarle.

El Director de Presupuesto del Ministerio de Economía Finanzas, Carlos González, afirmó en una reciente comparecencia en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, que el dinero extra asignado a través de la Autoridad de Descentralización, salió de traslados de partidas a petición de los diputados. Obviamente fue un dinero que le quitaron a otras instituciones, otros proyectos, otras prioridades.

Que todo este derroche de dinero se hiciera justo en momentos en que el partido en el poder realizaba una elección primaria, puede ser mera coincidencia. Que el favorecido con el voto de la membresía del PRD sea la misma persona que ordenó la creación de la Autoridad de Descentralización también podría serlo. Es muy probable que lo único que utilizó para lograr el apoyo de sus copartidarios fue cariño.

La autora es presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (TI-Panamá)