La picaresca panameña carece de límites, pero no tiene gracia alguna. Resulta que la popular fórmula de fraccionar las compras y hacer varios contratos con un mismo proveedor para evadir los requisitos de la ley de contratación pública, ha llegado a los estudios de impacto ambiental.
Hace unos días, un anuncio aparecido en la prensa local informaba de una consulta pública sobre un proyecto para extraer arena submarina cerca de las islas Farallones, frente al corregimiento de Cacique, en la costa colonense. Se trata de una concesión de 20 años en un área de 481 hectáreas para extraer 4 millones de metros cúbicos de arena.
Según detallaba el citado anuncio, el proyecto implica una serie de impactos negativos que solo de leerlos pone los pelos de puntas: alteración del fondo marino, contaminación de las aguas por fugas de hidrocarburos, incremento de partículas sólidas en el agua y turbidez, desplazamienos de fauna a otros sitios, afectación a ecosistemas acuáticos, cambio de paisajes, etc. Es una lista de espanto pero se quedó corta.
En realidad, la cosa es peor debido a esa picaresca que nos caracteriza y que por estos lares hemos bautizado como “juega vivo”. No se trata de una sola concesión para extraer arena en el área sino tres, ubicadas una al lado de la otra y cada una tramitada como una solicitud independiente y con su estudio de impacto ambiental igualmente independiente.
La idea, claro está, es que no se consideren como un solo proyecto -que lo es-, evadiendo las exigencias de un estudio de impacto ambiental categoría III, que es lo que corresponde, en lugar de la categoría II que es la que han utilizado los señores de Grupo Los Farallones, S.A., una empresa representada por la abogada Thidemaith Moreno, pero cuyos beneficiarios finales -para usar la términología de moda- aún no conocemos.
Las tres solicitudes que implican la extracción de 14 millones de metros cúbicos de arena submarina, abarcan una superficie de 1,418 hectáreas de fondo marino justo en el área de amortiguamieto del Parque Nacional Portobelo, un sitio protegido debido a sus recursos y atractivos naturales, culturales e históricos, que cuenta con una maravillosa biodiversidad.
El impacto que tendrá esta actividad en un entorno tan delicado y hermoso será desvastador.
Según han analizado expertos en la materia, existen suficientes evidencias del impacto negativo que tiene la extracción de arena submarina tanto en el Pacífico como en el Caribe, aunque dicha extracción se realice a distancia de la costa. Las afectaciones alcanzan a los manglares, los pastos marinos y los corales, produciendo además cambios dramáticos en la línea de las costa por pérdida de arena de las playas. Algunos ejemplos han ocurrido en el archipiélago de Las Perlas, Chame, San Carlos, Farallón e isla Grande.
En conclusión, uno o varios empresarios codiciosos y creyéndose listillos, pretenden conseguir los permisos para un mega proyecto partiéndolo en tres.
Afortunadamente, el presidente Laurentino Cortizo acaba de firmar el Decreto 3 de junio de 2023, en el que se adopta la Política Nacional de Cambio Climático 2050, lo que garantiza que inmediatamente todos las instituciones y funcionarios se dedicarán a trabajar “con la finalidad de construir una sociedad resiliente y de alto desarrollo humano, y más consciente frente a sus responsabilidades presentes y futuras derivadas del cambio climático global”.
Imagino entonces al Ministerio de Ambiente, que es el ente responsable de la divulgación y sensibilización sobre el tema, citando a los señores del Grupo Los Farallones para halarles las orejas.
Imagino también que en cumplimiento del nuevo compromiso sobre cambio climático, el Ministerio de Ambiente rechazará de plano la solicitud de concesión de la mega cantera en Paso Ancho en tierras altas chiricanas, aunque se trate de la muy bien conectada empresa Bagatrac.
A ellos también habrá que explicarles qué es el cambio climático y que poner una cantera en las riberas del río Chiriquí Viejo tendría impactos negativos en un área que ya ha sufrido en el pasado fuertes inundaciones por la crecida del río.
Y qué decir de la sopresiva aprobación del estudio de impacto ambiental para la explotación minera de cerro Quema, en un área fuertemente afectada por la sequía. ¿Será que la viceministra de Ambiente, que aprobó el estudio de impacto ambiental, no conoce la Política Nacional de Cambio Climático?
Quienes sí lo tienen claro son los santeños, los chiricanos y la gente de la costa colonense, que están en pie de guerra para defender su tierra de esta horda de empresarios que pretende ignorar que el cambio climático ya está aquí y que sus efectos irán aumentando, haciendo que cada vez sean más frecuentes las inundaciones, incendios, sequías y oleajes.
La aprobación de la Política Nacional de Cambio Climático es una gran oportunidad para poner un alto a tanta destrucción, a tanta inconsciencia, a tanta ignoracia, a tanta codicia. Es también una oportunidad de aprendizaje para Grupo Los Farallones, Bagatrac y tantos otros. Nunca es tarde para aprender.
La autora es presidenta de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana (TI Panamá).
