Las universidades estatales en Panamá, instituciones que deberían ser bastiones de conocimiento y formación ética, se han convertido en focos de preocupación por su comportamiento administrativo. La falta de supervisión adecuada ha facilitado la proliferación de prácticas corruptas, nepotismo, persecución laboral, pago de favores y tráfico de influencias, creando un entorno donde la opacidad y la impunidad son la norma. Teniendo conocidos en diferentes universidades me he percatado que no se saca ni una sola: Universidad de Panamá (UP), Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP), Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) y Universidad Especializada de las Américas (Udelas). Este artículo busca examinar la situación actual de estas universidades, los desafíos que enfrentan y la urgente necesidad de una reforma integral, empezando por el cargo de Rector.
1. Corrupción e impunidad
La corrupción en las universidades estatales panameñas es un fenómeno arraigado que tiene profundas implicaciones en la calidad de la educación, y no se puede dejar de lado la persecución laboral que implica el no estar de acuerdo con los manejos cuestionables de algunos superiores. Los rectores, en muchos casos, parecen más interesados en perpetuarse en el poder que en garantizar una educación de calidad. Los salarios de estos rectores superan, incluso al del Presidente de la República, lo que plantea cuestionamientos sobre la asignación de recursos y la rendición de cuentas. Esta situación crea un ambiente en el que los intereses personales y políticos prevalecen sobre ejercer una buena administración, el bienestar académico y la formación de profesionales competentes, porque en muchos casos la planta de docentes se ve inmersa en esta vorágine de malas prácticas donde a veces se utiliza el método de la extorsión a cambio de salirse con la suya.
Además, la ausencia de un sistema de auditoría efectivo y de mecanismos de control interno deja a las universidades a merced de prácticas corruptas. Los informes de irregularidades administrativas son a menudo ignorados, y quienes se atreven a denunciarlas enfrentan represalias. Esta cultura del silencio es insostenible y desesperante, especialmente en instituciones que deberían ser ejemplos de integridad y transparencia.
2. Nepotismo y tráfico de influencias
El nepotismo es otro problema crítico que socava la confianza en las universidades estatales. La tendencia de emplear familiares y amigos en posiciones clave no solo deteriora los estándares de competencia, sino que también crea un entorno hostil para quienes buscan acceso equitativo a oportunidades. Este fenómeno se ve exacerbado por un contexto político en el que las lealtades partidistas influyen en las decisiones administrativas, desvirtuando el propósito fundamental de estas instituciones.
Las prácticas de tráfico de influencias también son comunes. La presión política a menudo transforma decisiones académicas en negociaciones político-partidistas, lo que mina la independencia de las universidades y perjudica a los estudiantes que buscan una educación imparcial y de calidad.
3. La falta de autoridad y regulación
La ausencia de un ente regulador que supervise efectivamente las universidades es alarmante. Las instituciones encargadas de velar por la educación superior en Panamá han mostrado limitaciones significativas en su capacidad de intervención. Es imperativo que el gobierno establezca una comisión independiente o una institución de asuntos internos que se encargue de investigar irregularidades de manera proactiva. La implementación de un sistema de vigilancia con agentes encubiertos podría destapar la magnitud de la corrupción existente, brindando un marco más transparente y responsable.
4. La promesa de cambio
El verdadero potencial de las universidades estatales radica en su capacidad de formar a las futuras generaciones, dotándolas de herramientas para transformar la sociedad. Sin embargo, este potencial se ve amenazado por las prácticas nocivas que han proliferado en su seno. La política debe separarse de la gestión administrativa y académica para garantizar que estas instituciones se conviertan en verdaderos motores de desarrollo social.
Es fundamental crear un ambiente donde los valores de ética, responsabilidad y transparencia sean promovidos y defendidos. Las universidades estatales deben retomar su función de ser faros de conocimiento y servicio a la sociedad, en vez de ser percibidas como espacios de poder y corrupción.
5. Conclusión
El estado actual de las universidades estatales en Panamá exige una atención urgente y seria. Las reformas necesarias deben abordar no solo los síntomas de la corrupción, sino también sus raíces profundas. La implementación de medidas efectivas de supervisión, junto con un compromiso político para erradicar las prácticas corruptas, será fundamental para restaurar la confianza pública en estas instituciones. Así, no solo se protegería el futuro de la educación en Panamá, sino que también se fortalecerán los valores que deben ser la base de nuestra sociedad. La tarea es monumental, pero el futuro de las próximas generaciones lo merece.
La autora es abogada.
