No tenemos buena memoria; de eso no hay duda. Y estos días, lo estamos viviendo con la campaña de Movin que nos llama a “pelar el ojo”, frente al reto que tendremos el próximo 5 de mayo de escoger con responsabilidad no solo al presidente y su compañero de nómina, sino también a los diputados. Especialmente a los diputados.
Digo que tenemos memoria corta, porque la norma que hoy impide que una organización cívica o cualquier persona haga campañas políticas pagadas, fue acordada en la Comisión de Reformas Electorales, tras los abusos y excesos que vivimos durante el proceso electoral de 2014.
Recuerdo, por ejemplo, una campaña sucia en televisión contra el entonces candidato y hoy presidente de la República, Juan Carlos Varela, cuyo responsable era uno de esos grupos autodenominados “amigos de”, que surgen como hongos durante las elecciones para ocultar a los verdaderos responsables de las maldades. A pesar de haberse presentado una denuncia contra la campaña debido a su contenido calumnioso, los magistrados del Tribunal Electoral (TE) alegaron no poder ordenar su suspensión de forma inmediata, por no tener las herramientas legales para hacerlo.
Bueno, eso cambió con las últimas reformas al Código Electoral, de manera que los magistrados del TE no dudaron en utilizar sus nuevas facultades contra Movin, con una velocidad digna de mejor causa.
Es decir, alguien juega sucio y se legisla en consecuencia. Más tarde, esa legislación afecta a quienes legítimamente quieren proporcionar información cierta sobre los candidatos, para que podamos tomar una decisión informada el 5 de mayo próximo. Curioso.
Lo sucedido también toca la veda, acordada igualmente tras el último proceso electoral, con la intención de impedir el abuso que todos vivimos. Pero otra vez, la reforma vino con truco. Los 90 días de campaña originalmente propuestos, quedaron reducidos a 60 días por voluntad de los señores diputados. Con ese término tan corto, los actuales “honorables” salen al torneo con la ventaja de ser ya conocidos, especialmente por los recursos que han tenido a su disposición para alimentar el “sabroso” clientelismo.
Así, la campaña de Movin, enfocada en que no nos olvidemos de que los diputados que pretenden reelegirse no han rendido cuentas de los millones recibidos a nombre de la gobernabilidad, quedó enredada entre la veda, la nueva prohibición y unos procedimientos que convierten al TE en juez y parte.
Sin embargo, y como dice el conocido refrán, no hay mal que por bien no venga. Hoy, todo el mundo habla de la campaña, mientras se multiplican las menciones y reproducciones en redes sociales, porque no hay límite alguno para que podamos “pelar el ojo” de forma individual en cuanta red social exista. Es un tema de libertad.
En 2009 me tocó enfrentar legalmente una reacción similar por parte de una diputada que había dado la espalda a las luchas ambientales.
El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) decidió hacer una campaña similar a la de Movin, y puso unas vallas con la foto no solo de la diputada disgustada, sino de un grupo mayor, detallando la falta de apoyo a la causa ambiental. En aquel momento no existían las prohibiciones que tiene hoy el Código Electoral, y los magistrados del TE le dieron la razón al CIAM. Fue un gran triunfo para la libertad. Pero luego vino Ricardo Martinelli y su ilimitada bolsa para hacer campaña, y terminó sufriendo la libertad. Así de simple. Otro de sus legados.
La actual coyuntura deja en evidencia el peligro de legislar para enfrentar determinadas situaciones, dejando de lado conceptos fundamentales como la libertad de expresión e información, o el debido proceso. Igualmente peligrosos parecen los excesos reguladores del TE, que suelen darle una vuelta de tuerca adicional a sus competencias, como aquella pretensión de establecer una veda excesiva a las encuestas, o su deseo de contar con facultades para cerrar medios de comunicación. Y ya se sabe, todo poder sin límites es peligroso.
Un repaso al fallo de 2009 que hablaba del derecho ciudadano de utilizar la imagen de los funcionarios para cuestionar sus actuaciones, parece demostrar que las últimas reformas electorales se adentraron en terrenos pantanosos y peligrosos. Y no hablo de la veda, que es un valioso intento de nivelar las cargas en los torneos electorales, para que no sea el exceso de dinero lo que impere.
El caso Movin ha revelado que el artículo 231 contiene una prohibición excesiva. En esas circunstancias, el buen juicio de los magistrados del TE podría y debía lograr un balance. Está por verse.
La autora es periodista, abogada y directiva de la Fundación Libertad Ciudadana.
