La semana pasada, Fitch Ratings emitió una advertencia sobre los balances generales de Panamá. Esto se debe a que el gobierno ha estado registrando subsidios como gastos de capital durante años, cuando en realidad son gastos corrientes. Esta situación es tan absurda como si una nutricionista afirmara que la carne es un carbohidrato, o un abogado dijera que un divorcio es un proceso penal.
Un gasto corriente se refiere a los desembolsos financieros que una entidad o individuo realiza para cubrir los costos operativos regulares y necesarios de su funcionamiento continuo. Y es tácito y entendido que los subsidios entran en esta categoría, incluyendo los $411.4 millones del Plan Panamá Solidario.
El gobierno no solo actúa con descaro, sino que también parece vivir en una burbuja de percepción, donde cree que nadie se da cuenta de sus errores. Critican a instituciones calificadoras por señalar problemas y luego utilizan tácticas burocráticas para “reducir” el déficit fiscal, similar a prácticas contables corruptas.
Resulta irónico que el informe del Balance Fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas mencione los componentes significativos del Gasto de Capital, pero no proporcione una tabla descriptiva completa de los elementos. Al observar los datos, se evidencia que el gasto del Plan Panamá Solidario es más relevante que los desembolsos de $382.9 millones del Minsa, $204.5 millones del Meduca, $137.9 millones del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, $404.1 millones ejecutados por el Metro de Panamá, S.A. y $349.6 millones otorgados por el Ifarhu en concepto de becas. Sin embargo, solo es superado por el MOP, que tuvo gastos por $548.3 millones.
Lo preocupante es que no se está haciendo suficiente ruido acerca de lo grave que es esto. El “no saber” cómo tabular correctamente los ingresos y gastos demuestra un alto nivel de incompetencia profesional. La incompetencia genera incertidumbre; no vas a confiar en alguien que no es capaz de hacer bien su trabajo, o peor, que piensa que no vas a comprender que está llevando a cabo una acción cuestionable para mostrar que “no es tan mala la situación”.
Las calificadoras, como Fitch, basan su modelo de negocio en la confianza que generan como institución. Ante hechos tan evidentes y hasta patéticos, pueden reducir la calificación de riesgo de un país. Si usamos el EMBI (Emerging Markets Bond Index, que es un índice que mide el riesgo crediticio de los bonos emitidos por países en desarrollo) de Panamá como variable para la calificación de inversión, esta tendría una correlación del 55% con el PIB de Panamá, con un rezago de un año (es decir, se observa el impacto de una variable en el año siguiente de la otra variable). Sin embargo, el impacto es aún mayor debido al alto nivel de endeudamiento que está en constante aumento en el país. Si la calificación de riesgo disminuye, el costo de la deuda también aumenta. Esto significa que cada millón que el Estado se endeuda tendrá un impacto más significativo en el ciudadano promedio de Panamá.
Recuerden, si al Estado le cuesta cada vez más obtener plata, es probable que aumenten los impuestos, aunque estos no retornen de manera efectiva a la población.
El autor es miembro de la Fundación Libertad
