La jornada laboral reducida es un tema de gran interés en el mundo laboral actual. Varios países han adoptado este modelo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus trabajadores, fomentar la productividad y equilibrar la vida laboral y personal. Sin embargo ¿es viable la reducción de la jornada laboral en Panamá?
Experiencia en otros países
Francia lleva 25 años con una jornada laboral a 35 horas semanales por ley, mientras que países como Islandia (35 horas semanales), Bélgica (38), Dinamarca (37.2), Países Bajos (37.3) y Australia (38) también han implementado legislación para reducir la jornada laboral.
Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Escocia, España, Estados Unidos, Gales, Japón, Inglaterra, México, Portugal y Suecia están realizando ensayos al respecto.
¿Es viable la reducción de la jornada laboral en Panamá?
A raíz de la pandemia, la empresa privada panameña adoptó políticas de flexibilización de horarios, suspensión de contratos y reducción de la jornada laboral. De igual manera algunas empresas adoptaron medidas similares para hacer frente al aumento en el precio de combustible.
Pero en condiciones normales, la reducción de la jornada laboral en una economía que sólo genera empleo informal y donde 2 de cada 3 empleos del sector privado son informales o empleados de empresas con menos de 10 trabajadores no tiene mucho sentido.
Esto no excluye que algunas empresas puedan llegar a acuerdos individuales con sus trabajadores (as) en este sentido, al igual que con respecto a horarios, vestimenta, etc.
La economía panameña sólo genera empleo informal
En la última década (2013-2023) se perdieron 25,705 empleos asalariados privados, pero se agregaron 77,234 funcionarios y 235,480 nuevos informales a la economía.
Cada trabajador asalariado privado que perdió su empleo en esa década fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales, síntoma de un severo proceso de precarización y estatización laboral, producto de la pérdida de confianza en el clima para la inversión privada en el país.
Dicho patrón se mantuvo con la pandemia. Entre agosto 2019 y agosto 2023 se crearon 17,974 empleos, que es el saldo resultante de la pérdida de 19,812 empleos asalariados del sector privado, la incorporación de 36,482 funcionarios a la planilla estatal y 49,039 nuevos informales a la economía.
A esto se añade que en los últimos 4 años pasamos de tener 170,464 jubilados y pensionados a 275,241. En el contexto de la grave crisis financiera del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), pasamos de generar 2,913 nuevos jubilados y pensionados por año entre el 2009 y 2019, a 26,194 entre el 2019 y 2023.
Hoy generamos 9 veces más jubilados y pensionados que antes de la pandemia, en una economía que sólo genera empleo informal y donde sólo el 18% de los informales cotiza a la Caja del Seguro Social.
Hay menos gente interesada en trabajar
En agosto del 2023, 62.4% de la Población en edad productiva (mayor de 15 años) tenía o estaba buscando empleo, 4 puntos por debajo del nivel de agosto 2019 (66.5%). En agosto 2009 ese porcentaje era 64.1%.
A ésto se agrega el aumento del 21% en la Población No Económicamente Activa (PNEA) en los últimos 4 años (+221,531 personas). 80% de este incremento se debió al ya mencionado aumento en el número jubilados/pensionados (+104,777) y al mayor número de estudiantes en edad productiva (+72,849).
El sector privado está generando menos vacantes
En el 2023, Mitradel tramitó 21,906 nuevos contratos laborales por mes, 30% menos que los 31,541 mensuales procesados por la entidad en el mismo período del 2019. La economía generó 115,621 vacantes menos que en el año prepandemia.
Necesitamos crear demanda sostenible para crear más vacantes y empleo formal
El nuevo Gobierno heredará esta situación, a la que se agrega que en el 2024 no se recibirán los $375 millones de la mina, deberá hacer frente al impacto laboral de su cierre (que superará los 40 mil empleos) y el Canal estará aportando $800 millones menos al Fisco.
Nuestro problema no es generar empleo, sino hacerlo sostenible. Nuestra crisis laboral no es de empleo, sino de confianza. Sin inversión privada, seguiremos generando informales.
Urge inyectar liquidez a la economía, por lo que el pago de los $1,700 millones que el Gobierno debe a sus proveedores y contratistas debe ser el primer paso para comenzar a generar confianza.
Necesitamos más vacantes, lo cual dependerá del crecimiento y sostenibilidad de la demanda, no de la reducción de la jornada laboral.
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