El gobierno ha reiterado que la reforma a la Caja del Seguro Social (CSS) tiene que aprobarse, si ó si, antes del 31 de diciembre y ha acompañado esa fecha límite con una amenaza: si no se acoge este año, las pensiones del 2025 no vendrán completas.
Distintas cosas se han dicho sobre el monto de ese recorte. El 6 de noviembre el Presidente afirmó en cadena nacional, que de no hacer nada, solo se podrá pagar el 87% de las pensiones, o sea un 13% de descuento. Tres días después, durante los desfiles de Colón dijo que se pagaría un 15% menos.
Luego Dino Mon explicó que tendrían que decidir, si hacer un corte inmediato o pagar el 100% los primeros meses del 2025 y después dejar de pagar. El Ministro Felipe Chapman se unió a la comparsa: la urgencia de que se apruebe este año garantiza que todos cobren su pensión completa.
La advertencia del recorte, es como la llegada del lobo del cuento infantil. La idea es asustar al país con el descuento en las pensiones y así presionar a los diputados para cumplir el plazo. Cabe preguntarse: ¿Qué tan viable es la amenaza?
Lo primero que salta a la vista es la falta de exactitud sobre el monto del descuento, en un debate en el que, los propios funcionarios le han pedido a quienes participan, cifras y propuestas concretas. Paradójico, por decir lo menos.
Al examinar la viabilidad legal de la amenaza, hay que entender que el pago de las pensiones es una obligación constitucional del Estado, y que su incumplimiento, podría abrir la puerta a reclamos administrativos y judiciales, individuales y colectivos.
En esos procesos que durarían años, se intentaría determinar, quién o quiénes son los responsables de que no haya plata para pagar las pensiones. En un país donde reina la impunidad, sería botar el tiempo y el dinero a la basura.
Y eso es solo en el campo legal, porque las consecuencias sociales, políticas y de pérdida de credibilidad serían mucho peores. Desde protestas en las calles, hasta nuevos retrocesos en la reputación internacional del país.
Sería un verdadero suicidio político, dejar que llegue el lobo ¿Por qué entonces, insistir tanto en la amenaza? Me parece evidente que esa táctica infantil de meter miedo, es una forma de subestimar la inteligencia de los panameños.
Hace poco escuchamos al Presidente calificar como “locuras y show” las intervenciones de los ciudadanos en la Asamblea; cuándo las mismas hacen parte del proceso democrático que dará legitimidad a la reforma.
Ante los medios, Mulino se jacta de tener el capital político que le permite sacar, sin contratiempos, este proyecto adelante. Olvida que la popularidad es efímera y si no se utiliza con prudencia, se agota. En aras de no perder credibilidad, bien harían en dejar de utilizar la amenaza de la llegada del lobo.
El recorte en las pensiones es poco viable legalmente, y de darse, sería muy contraproducente. No es a los jubilados a quienes tienen que amenazar con el recorte, si no a aquellos funcionarios que ignoran la urgencia (esa sí es urgencia) de austeridad y transparencia.
