El gasto de la planilla del sector público aumentó 30.7% en los últimos cuatro años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República, de $3 mil 627 millones que se destinaban al gasto anual de funcionamiento en diciembre de 2017, en 2021 el acumulado en salarios de los 12 meses saltó a $4 mil 739 millones.
Y en cuanto a la cantidad de funcionarios, la cifra no es menos alarmante: en 2017, la planilla cerró con 238 mil funcionarios, frente a los 261 mil con los que concluyó el año 2021. Y esta tendencia al alza en ambos rubros –el monto de la planilla y el número de servidores públicos– no ha cesado en lo que va de 2022. (Los años de comparación, 2017 y 2021, corresponden al tercer año respectivamente de la actual y de la pasada administración gubernamental).
Tomando eso en cuenta, y aun cuando el gobierno cumpliera su promesa de contención del gasto a través de una reducción del 10% de la planilla estatal, el monto en dinero estaría lejos de los números de 2017, ya que este renglón ha aumentado más del 30%, desde esa fecha.
El gasto de funcionamiento de las entidades del Estado, compuesto en un 80% por el desembolso en planillas, aumentó drásticamente, sobre todo en las entidades más cuestionadas y con más escándalos a cuestas. Esto, a pesar de la pandemia y excluyendo el servicio de la deuda.
¿Dónde subió?
El Estado está conformado por 89 entidades. Un análisis del presupuesto de las entidades que cuentan con más de $50 millones para gastos de funcionamiento (publicado en datosabiertos.gob.pa, portal alimentado por el Ministerio de Economía y Finanzas en base a los presupuestos oficiales de cada entidad), refleja que la que más aumentó su presupuesto de funcionamiento fue la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), que maneja ahora un presupuesto 81% mayor al que tenía en 2017. De $53 millones pasó a $96 millones.
Esta universidad tiene este año más presupuesto que el que tenía en 2017 la reconocida Universidad Tecnológica de Panamá ($91 millones), entidad educativa que cuenta con mejor ranking internacional respecto al resto de las universidades públicas del país.
El aumento de los gastos de funcionamiento de la Contraloría también resulta especialmente llamativo. De $93 millones saltó a $147 millones, nada menos que un 58% de aumento en plena pandemia y en medio de escándalos de derroche, en los que esta institución es cuestionada por su falta de actuación frente a estos hechos.
La Contraloría, dirigida por Gerardo Solís, está bajo una fuerte presión ciudadana, que reclama de esta mayor control y más fiscalización, no solo en su gestión, sino en las relacionadas con otras entidades del Estado, en las que se contratan asesorías, consultorías, personal y asignación de contratos sin supervisión, vigilancia ni fiscalización.
Igual de escandaloso es el aumento del presupuesto de funcionamiento de la Asamblea Nacional que, de $94 millones en 2017, pasó a $135 millones en 2022. Es decir, 43% más. El Meduca también aumentó su presupuesto de funcionamiento en un 32%: de $1,220 millones en 2017, pasó a $1,605 millones en 2022. Pese a ello, crece el número de jóvenes que siguen reprobando asignaturas y abandonando los estudios.
A su vez, el Órgano Judicial y la Procuraduría registraron 37% de aumento en sus gastos de funcionamiento, aumento que, al parecer, ha sido insuficiente para sacar el país de las listas discriminatorias por falta de condenas.
La Caja de Seguro Social (CSS) aumentó 27% sus gastos de presupuesto en cuatro años. Pasó de $3,637 millones a $4,621 millones. La CSS tiene 1 administrativo por cada 1.2 funcionarios de salud, mientras que Costa Rica tiene 1 administrativo por cada 5 funcionarios de salud.
Tal proporción de administrativos en la CSS se debe a los espacios que reclaman los partidos políticos en esta institución, la cual, en muchos casos, ha visto engrosar su planilla no por necesidad de personal, sino por clientelismo, han denunciado exmiembros de su junta directiva y exdirectores de la entidad social, que en estos momentos enfrenta su más grave crisis financiera: en el programa de pensiones.
Otro que ha visto un aumento en sus gastos de funcionamiento es el Ministerio de Seguridad: registró un aumento del 18%, pasando de $691 millones a $814 millones, a pesar de que las estadísticas indican que la seguridad no ha mejorado, pese a una inyección de más de $120 millones en ese período.
Esos aumentos contrastan con la reducción del presupuesto para funcionamiento asignados a temas que son noticia todos los días y conciernen a las necesidades inmediatas de la población, como transporte, basura y agua. Mi Bus tuvo una reducción del 6%; Aseo, del 14%, y el Idaan, del 24%.
Inversión, para algunos
Examinados los aumentos en materia de planillas/funcionamiento, el de inversiones tuvo una importante reducción. Este rubro (excluyendo los desembolsos por préstamos y las inversiones financieras) tuvo una disminución del 22%, pasando de $5,750 millones en 2017, a $4,501 millones en 2022.
Entre las entidades que sufrieron las más significativas reducciones en inversión están varias que en funcionamiento sí están gastando más. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, que aumentó su gasto de planilla y bajó 14% el de inversión (de $195 millones a $168 millones), destinado principalmente a mantener las escuelas en buen estado.
En el caso de Mi Bus, el gobierno redujo tanto el presupuesto de funcionamiento como el de inversión. Mi Bus tiene 88% menos dinero para invertir: la drástica caída fue de $50 millones a $6 millones. En consecuencia, el servicio ha desmejorado: se han tenido que eliminar algunas rutas; tienen 600 buses dañados o sin mantenimiento y la flota no ha recibido un solo bus nuevo.
El Ministerio de Obras Públicas también tuvo una de las más importantes caídas en materia de inversión. De los $905 millones de 2017, pasó a $423 millones, lo que representa una reducción del 53%. Las obras viales más importantes y que mejorarían la calidad de vida de millones de panameños, en consecuencia, no han registrado avances; en algunos casos, ha habido hasta retroceso, pues ni mantenimiento reciben. El cuarto puente, por ejemplo, es un proyecto que afronta retrasos.
La misma suerte corrió el presupuesto de inversión del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que bajó de $448 a $158 millones (65% menos), cuando sigue creciendo el déficit habitacional.
Las que aumentaron
Pero no todas las entidades corrieron esa suerte. Hubo otras que aumentaron su presupuesto de inversión. Entre las más llamativas, el Ministerio de Desarrollo Social, que aumentó 167% (de $245 a $652 millones), principalmente en subsidios que han sido criticados por no ser temporales y entregarse en muchos casos con criterios político/electorales.
También es significativo el aumento del presupuesto de inversión del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), entidad encargada de repartir becas: 16% más que en 2017 (de $340 a $393 millones).
Esta entidad ha sido duramente cuestionada por la opacidad en la publicación de los beneficiarios de las becas y acusada de usar estos beneficios para fines político-partidistas.
Reacciones
El exviceministro de Economía Ivan Zarak expuso que “tenemos un monto de subsidios que supera los aportes de la ACP al Estado y que aumentará considerablemente, producto de las mesas de negociación actuales y la situación de la CSS”.
“Es sumamente preocupante pensar –añadió– en lo que pasará con el balance fiscal del Estado en los próximos años si no se toman medidas drásticas de reducción del gasto”.
Un ejemplo de esta mala distribución del gasto es lo que ocurre en la Unachi, cuyo presupuesto de funcionamiento ha aumentado considerablemente, pese a todo lo que se ha publicado, indicó. Es revelador porque “estoy seguro de que el cuerpo estudiantil no ha aumentado en ese porcentaje. La mano de la Asamblea de diputados en esto es innegable”, dijo, mientras “hay una serie de entidades favorecidas con aumentos injustificables”.
“Todo este gasto de planilla tiene una contraparte, que se ve claramente en la reducción de gasto de inversión, especialmente en el caso del MOP y el caso de Aseo. Los recursos son limitados: un dólar más en funcionamiento o planilla es un dólar menos en inversión. Así de sencillo”, advirtió.
Domingo Latorraca, ex viceministro de Economía, piensa que “es imperativo que los escasos recursos con que cuenta el Gobierno Nacional sean utilizados de manera eficiente –dándole prioridad a la inversión sobre el gasto de funcionamiento– y, en especial, no abultando aún más el gasto en la planilla”.
“Es incomprensible –añadió– cómo se le facilitan recursos a la Unachi y a la Asamblea Nacional para abultar su planilla, en lugar de invertir en reforzar la gestión de aseo, agua, transporte y otros servicios públicos que la población requiere que sean eficientes y no lo son. No hay derecho de que los ciudadanos reciban servicios de tercer mundo cuando se cuenta con los recursos para poderles dar servicios de primer mundo”.
Otro exministro de Economía, Fernando Aramburú, dijo que “estamos viendo cómo ha aumentado el gasto corriente o de funcionamiento, es decir, planilla y subsidios, versus el gasto de inversión, que ha disminuido en los últimos años”.
“Adicionalmente, el nuevo precio de combustible, pactado a $3.25, significa un subsidio de $2.50 por galón de combustible. El consumo mensual de combustible es de aproximadamente 55 millones de galones, y eso nos da un gasto adicional en subsidio de $137.50 millones por mes, lo cual crearía un déficit adicional en las finanzas públicas de $1,650 millones anuales. Eso –advirtió– es insostenible”.
