En medio del intenso debate sobre el presupuesto del Estado para 2025, la Asamblea Nacional recibió el pasado 15 de octubre una notificación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que llama la atención. Se trata de una nota que detalla tres traslados de partida y expone una cifra total que no pasa desapercibida: $349.3 millones.
La controversia se profundiza al revelarse que los $349.3 millones, un monto considerable del presupuesto de 2024, provienen del presupuesto del Ministerio de Educación (Meduca) y se redirigen al Ministerio de Obras Públicas (MOP). Esta reasignación se desglosa en tres traslados de partida específicos: $68.9 millones, $104.7 millones y $175.7 millones.
La nota, que lleva la firma de Aurelio Mejía, director de Presupuesto del MEF, está dirigida al diputado y presidente de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Sergio “Chello” Gálvez. “Me permito enviarle, para la debida aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, tres traslados de partida”, dice la nota, la cual precisa que los fondos provienen del presupuesto para la presente vigencia fiscal de 2024.
Los beneficiados
Una parte significativa de los $349.3 millones tiene como destino el pago a al menos 40 contratistas del MOP, responsables de desarrollar proyectos viales enfocados en el mantenimiento y la reparación de carreteras a nivel nacional, que quedaron pendientes de la pasada administración. Se incluye, además, la rehabilitación de caminos de producción en zonas de difícil acceso, lo cual se ha justificado como una medida para impulsar la conectividad y mejorar la infraestructura en áreas rurales.
Sin embargo, el origen de estos fondos genera controversia, dado que fueron retirados de un sector tan sensible como el educativo. Actualmente, hay cientos de centros escolares en mal estado y en las áreas indígenas aún persisten las escuelas rancho.
No obstante, los pagos millonarios serán canalizados a empresas que obtuvieron grandes contratos durante el pasado gobierno del Partido Revolucionario Democrático (2019-2024). La lista de beneficiarias incluye, además, a firmas previamente implicadas en el escándalo de lavado de dinero conocido como Blue Apple, un caso que expuso una red de corrupción donde empresas constructoras habrían sobornado a funcionarios a cambio de ganar licitaciones.
Entre este grupo sobresale Bagatrac, con 37 pagos que suman aproximadamente $24 millones, según la información enviada por el MEF a la Comisión de Presupuesto.
Esta empresa no dejó de ganar contratos en la administración pasada; entre 2019 y 2023 logró, al menos, nueve proyectos por un total de $268 millones. Aunque comenzó a trabajar para el Estado nueve años antes de que Laurentino Cortizo asumiera la Presidencia en julio de 2019, su éxito aumentó notablemente desde entonces, logrando al menos el 70% de los contratos en los que participó.
La primera obra con el pasado gobierno fue un anticipo de lo que vendría: un contrato por $84 millones para construir una vía desde la Panamericana, en Concepción, hasta Volcán. Este proceso fue cuestionado por la falta de planos, estudios de impacto ambiental y aforos, requisitos obligatorios en el pliego. Aunque tampoco ofreció el precio más bajo, Bagatrac terminó obteniendo el mejor puntaje en el proceso de licitación.
Uno de los mayores montos que se le pagaría con el traslado de partida sería por $5 millones para la rehabilitación de la carretera Concepción–Cuesta de Piedra–Volcán, en la provincia de Chiriquí.
Detrás de Bagatrac, como presidente y secretario, está Alberto Jurado, quien admitió al Ministerio Público (MP) haber pagado un poco más de $3 millones en coimas para adquirir contratos con el Estado, en el denominado caso Blue Apple, acontecido en el gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
Otras empresas
También aparece entre las beneficiadas, de llegarse a aprobar el traslado de partida, Constructora Meco, con cerca de 65 órdenes de pago por montos que totalizan unos $37 millones. Esta empresa, entre 2011 y 2012, formó parte del grupo de contratistas que participaron en el esquema de sobornos conocido como Blue Apple, un caso que destapó una red de corrupción de alto nivel.
La influencia de la empresa no fue menor: acumuló más de veinte contratos adjudicados durante los últimos tres gobiernos, por un valor que supera los $1,300 millones, ejecutados tanto de manera individual como en consorcio. En el caso de Meco su dueño y entonces presidente, Carlos Cerdas, admitió haber pagado cerca de $9.4 millones en sobornos en el caso Blue Apple.
En esta misma lista se encuentra Constructora Rodsa, con unos 50 pagos cuyo monto total supera los $7 millones. Al igual que Bagatrac y Meco, Rodsa también hizo pagos en Blue Apple para obtener contratos con el Estado. En la administración de Cortizo, Rodsa sumó más de $118.1 millones en cinco contratos adjudicados entre 2022 y 2023, en asociación con Ingeniería y Remodelaciones Civiles.
Rodsa tiene como presidente a Juan Alexis Rodríguez, quien señaló en 2017 que en el MOP se le solicitó un aporte de entre 5% y 10% del valor bruto de sus contratos, como “ayuda política”.
Otras empresas a las que pagaría el MOP son Rigaservices, la cual obtuvo varios contratos en el pasado gobierno. La misma recibiría pagos que superan los $3 millones, si se concreta el traslado de partida.
Rigaservices, fundada por Ricardo Gardellini en 1989, señala en su página web que comenzó a licitar pequeñas obras con el Estado en 1991, colaborando con los ministerios de Educación, Salud y Gobierno. No obstante, en el pasado gobierno se adjudicó proyectos millonarios, entre ellos la Ciudad de la Salud.
Además Puentes y Calzadas Infraestructuras, S.L.U., Sucursal Panamá, recibiría más de 60 pagos que totalizan más de $80 millones. Esta última empresa fue la encargada de construir el intercambiador en el área de Cabuya, corregimiento de Tocumen, así como el conocido Corredor de las Playas.
