Durante el periodo de gobierno 2019-2024, tres entidades se encontraron en el ojo del huracán debido a severas críticas por la falta de transparencia en el manejo y gasto de fondos públicos, que en total ascendieron a $4,330.6 millones.
La Asamblea Nacional, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) y la Autoridad Nacional de la Descentralización (AND) fueron señaladas repetidamente por la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil por la falta de control y supervisión en la gestión de recursos estatales, lo que generó desconfianza e indignación pública y demandas de mayor rendición de cuentas.
En dicho periodo, la Asamblea Nacional gastó $950.6 millones, el Ifarhu utilizó $2,215.2 millones y la Autoridad Nacional de la Descentralización usó $1,164.8 millones.
¿Qué puede hacerse con 4,330.6 millones de dólares en cinco años? Por ejemplo, con esa cantidad se habrían podido construir dos líneas del Metro, unas 400 escuelas de excelencia como la Guillermo Endara Galimany o 100 estadios como el recién inaugurado Mariano Rivera.
Los controversiales auxilios
Durante el periodo 2019-2024, el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) fue la entidad que mayor presupuesto recibió entre las tres citadas, alcanzando un total de $2,215.2 millones.
El alto presupuesto del Ifarhu generó controversia por la asignación discrecional de auxilios económicos. Aunque el reglamento establece preferencia para los estudiantes más necesitados y de áreas vulnerables, muchos auxilios fueron otorgados a funcionarios, familiares de ministros, diputados, diplomáticos, proveedores del Estado, miembros del PRD y personas sin aparentes necesidades económicas, incluyendo al presidente Laurentino Cortizo.
La Prensa reveló una base de datos que detalla una parte significativa del programa de auxilios económicos del Ifarhu, enumerando 2,144 beneficiarios entre julio de 2019 y mayo de 2023, con un gasto total de $141.6 millones. No obstante, esta cifra representa solo una fracción del total, ya que aún se desconocen los beneficiarios de otros 2,759 desembolsos.
Entre enero y abril de 2023, el Ifarhu pagó $10.7 millones en 636 auxilios económicos, según datos suministrados a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai).
La transparencia en el manejo de los auxilios económicos fue aún más cuestionada cuando el exdirector del Ifarhu, Bernardo Nando Meneses, se negó a entregar los expedientes de los beneficiarios a la Antai, alegando la protección de datos personales según la Ley 81 de 2019.
Este año, el contralor de la República, Gerardo Solís, decidió unilateralmente ocultar el nombre del 56% de los beneficiarios de los auxilios entregados entre julio de 2019 y mayo de 2023. Pese a esta decisión, la Antai insistió en la necesidad de transparencia total, argumentando que los fondos del Ifarhu son públicos y su manejo debe ser completamente accesible al escrutinio ciudadano.
Descentralización paralela
Otra de las entidades criticadas por el manejo opaco de millones de dólares fue la Autoridad de la Descentralización, envuelta en el escándalo conocido como la “descentralización paralela”, la cual cerrará con gastos de $1,164.8 millones durante esta administración gubernamental.
Al igual que con el Ifarhu, no se conocerá el monto exacto de fondos mal utilizados, ya que la Corte Suprema de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales al director de la AND, Edward Mosley Ibarra, para impedir que el procurador de la Administración, Rigoberto González, investigue los supuestos desvíos de fondos millonarios a juntas comunales controladas por miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD).
Una investigación del diario La Prensa reveló que entre el 7 de junio de 2021 y el 23 de junio de 2023, la AND realizó desembolsos por al menos $260.9 millones a juntas comunales controladas por militantes o aliados del PRD, fuera de la fórmula establecida por la ley de descentralización.
Ernesto Cedeño, abogado y diputado electo, lamentó la falta de rendición de cuentas y expresó la esperanza de que la nueva administración (2024-2029) nombre un director que sí lo haga. Fue Cedeño quien solicitó investigar el uso de estos fondos y la conducta de los funcionarios involucrados, especialmente durante las campañas políticas.
Planilla y asesores
En los últimos cinco años (2019-2024), la Asamblea Nacional de Panamá ha gastado más de $950 millones, destinando el 90% de ese presupuesto al pago de planilla y otros gastos operativos. Este significativo desembolso ha generado preocupación y críticas sobre la eficiencia y la justificación de tales gastos en una entidad que, según la Contraloría General de la República, emplea a unos 4,200 funcionarios entre permanentes y eventuales.
Además, la Asamblea Nacional es la entidad estatal con mayor cantidad de asesores, contando con unos 400, cuyo costo anual asciende a 14 millones de dólares. Este número representa un incremento radical del 408% en comparación con 2010, cuando había 81 asesores cuyo costo anual era de 1.9 millones de dólares.
Este aumento ha suscitado debates sobre la necesidad y transparencia de dichos cargos, y su impacto en el presupuesto estatal. Lo dijo el magistrado Alfredo Juncá en la entrega de credenciales a los diputados electos esta semana: hay que “despolitizar” la Asamblea Nacional.
