La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) estuvo bajo escrutinio en la Asamblea Nacional. La mayoría de los ingresos que generan las oficinas de Marina Mercante quedan en manos de los cónsules nombrados en los consulados privativos de marina mercante. Son millones de dólares en el bolsillo de 52 funcionarios.
En el marco de las vistas presupuestarias del 2025, el diputado de la coalición Vamos, Jonathan Vega, expresó su preocupación ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional sobre la distribución y asignación de los ingresos generados por los consulados habilitados para prestar los servicios de Marina Mercante.
Durante el análisis del presupuesto de la AMP, Vega recordó que de la totalidad de los ingresos que generan estos consulados, luego de descontar los gastos, hasta el 70% se transfiere a los cónsules de forma directa.
Como ha ocurrido en la mayoría de los evaluaciones presupuestarias, la partida de la AMP también tuvo un efecto sorpresa.
De acuerdo con el presupuesto presentado por los funcionarios, se espera que la recaudación bruta de la Marina Mercante llegue a los 53.4 millones de dólares en 2025.
Sin embargo, ante la avalancha de preguntas que le hicieron los diputados independientes, Carlos González, jefe del Control Financiero Consular de la AMP, reconoció que ese monto se tendrá que revisar “porque la recaudación bruta anual de los 52 consulados está en aproximadamente 113 millones de dólares”. Esta es la referencia que se tiene de 2023.
Entre los principales consulados con oficinas de Marina Mercante se encuentran los de Singapur, Pireo, Londres y Róterdam, entre otros. Son las joyas de la corona.
González evitó proporcionar una cifra específica en relación con los beneficios de los cónsules y explicó que estos fondos dependen de diversos factores, como los gastos autorizados, comisiones bancarias y otros gastos extraordinarios que pueden variar.
La falta de una respuesta clara generó molestia en el diputado Vega, quien argumentó que esta opacidad dificulta una adecuada supervisión de los recursos públicos.
“Son varios millones los que retienen los consulados y que, en mi opinión, deberían contribuir directamente a los dividendos del Estado”, sostuvo Vega.
Para sustentar su postura, Vega recordó que la normativa que permite esta distribución de fondos fue establecida mediante el Decreto de Gabinete No. 26 del 14 de agosto de 2017.
Dicho decreto, que modifica el artículo 10 del Decreto de Gabinete No. 75 del 11 de julio de 1990, estableció que los cónsules pueden recibir hasta el 70% de los ingresos netos generados en cada consulado, una vez deducidos los gastos de funcionamiento aprobados.
El decreto también especifica que los cónsules pueden percibir hasta 50 mil dólares en dividendos cuando los ingresos anuales de su consulado oscilan entre los 5 y 10 millones de dólares.
El decreto lleva la firma del entonces presidente de la República, Juan Carlos Varela.
Vega hizo un análisis básico. Si Panamá recaudó aproximadamente 113 millones de dólares en el período 2023 por concepto de Servicios Consulares Navieros y los gastos operativos sumaron alrededor de 29 millones de dólares (sin incluir los costos financieros), quedarían disponibles cerca de 84 millones de dólares.
Considerando lo que estipula la norma, de esos 84 millones de dólares, quedarían aproximadamente 58 millones de dólares a disposición de los cónsules en las 52 oficinas de Marina Mercante del país.
Esto, dijo Vega, es aparte de sus salarios y otros beneficios como vivienda, viáticos, transporte, combustible y alimentación.
Augusto Palacio, de la coalición Vamos, sugirió que el Órgano Ejecutivo revise la norma. De no prosperar algún cambio, no descarta que este surja de la Asamblea Nacional.
