Un considerable grupo de diputados panameños del Parlamento Centroamericano (Parlacen) se encuentran en el club de figuras políticas que tienen cuentas pendientes con la justicia.
Se trata de actores de las tres últimas administraciones que ahora se refugian en el polémico foro regional.
El expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), diputado al Parlacen por el Partido Panameñista, es uno de los llamados a juicio por presunto blanqueo de capitales relacionado con los sobornos que pagó Odebrecht en Panamá.
José Gabriel Carrizo, exvicepresidente de la República (2019-2024), tiene dos denuncias en su contra. Así lo confirmó recientemente el procurador general de la Nación, Javier Caraballo.
La primera es por el presunto uso de la aeronave HP-20, propiedad de la Autoridad de Aeronáutica Civil (AAC), para realizar viajes de carácter personal. La otra es por un hecho distinto, pero Caraballo no detalló el contenido del caso.
La semana pasada, el abogado Guillermo Cochez presentó una denuncia penal contra el expresidente de la República, Laurentino Cortizo (2019-2024), por la presunta comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.
Cochez explicó que es por el caso del desembolso de al menos $711,288.64, de la partida discrecional, para pagar cirugías bariátricas a 46 personas durante la pasada administración.
Por ley, tanto Cortizo como Carrizo tienen un puesto en el organismo centroamericano. Por estos días completan los trámites para su juramentación en ese foro.
También mantiene un proceso por el caso Blue Apple Luis Enrique Martinelli Linares, diputado suplente por el partido Realizando Metas (RM), agrupación que fundó su padre el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), quien está asilado en la embajada de Nicaragua en Panamá para esquivar una condena a más de 10 años de prisión por el caso New Business.
Su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares, diputado suplente por RM, también está dentro de ese proceso. Este caso es de la denominada sociedad anónima Blue Apple, creada con el propósito de recibir dinero de coimas y sobornos provenientes de contratos con el Estado.
En su momento, los hermanos Martinelli Linares fueron condenados y encarcelados en Nueva York, Estados Unidos, por conspiración para blanquear hasta 28 millones de dólares de Odebrecht.
Jaime Ford, otro diputado principal por el partido Realizando Metas, mantiene procesos ante la justicia. Tiene un expediente por la presunta comisión de blanqueo de capitales por los sobornos que distribuyó Odebrecht en Panamá. Además está vinculado al proceso relacionado con la compra presuntamente irregular de granos a través del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Ford tiene una condena de 80 meses de prisión por el delito de blanqueo de capitales en el caso Blue Apple, pero esta sentencia no se encuentra firme debido a que se tramitan varios recursos de apelación.
El diputado suplente David Ochy, electo por el partido RM, forma parte de esta lista. Está dentro del grupo de personas procesadas por su presunta participación en un esquema de blanqueo de capitales para la compra de Editora Panamá América (Epasa) a través de la sociedad New Business. Ochy fue detenido en Costa Rica en diciembre de 2023.
Mientras, la diputada suplente Alma Cortés, también de RM, tiene una condena de 32 meses de prisión por el delito de peculado. Su caso guarda relación con el cobro de viáticos para asistir a una serie de reuniones en la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza.
Giselle Burillo, diputada de Realizando Metas, tiene por el momento un sobreseimiento provisional por una investigación por la presunta comisión del delito de peculado, a través del fraccionamiento de varios contratos de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme) de $21.6 millones.
Los diputados del Parlacen gozan de los mismos privilegios e inmunidades que los diputados de la Asamblea Nacional, según lo establecido en el artículo 27 del Tratado Constitutivo de este organismo.
Cada año Panamá hace un aporte al Parlacen de $2.3 millones.
