La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) no se limitó a llevar a la Procuraduría de la Administración, para su investigación, el caso de las empresas exportadoras de productos del mar que se benefician con los Certificados de Abono Tributario (CAT), sino que también refirió la documentación a la Contraloría General de la República, para que determine si hubo alguna irregularidad en la emisión.
La ARAP encontró, en septiembre pasado, lo que denominó “hallazgos e incumplimientos” en la forma en que nueve empresas adquirieron sus certificados de tecnología para acogerse a la tasa más alta de subsidio llamado CAT.
El informe incluye reportes con supuestas inconsistencias que involucran a estas compañías, consideradas como las mayores exportadoras de productos del mar en Panamá, las cuales, entre 2008 y el primer semestre de 2009, reclamaron CAT por 17 millones de dólares.
Según los informes de la ARAP, todas estas empresas obtuvieron calificaciones arriba de los 100 puntos requeridos para optar por un certificado de tecnología, requisito necesario para reclamar subsidios del 15% sobre su valor exportado a través del CAT.
Sin embargo, informes con fecha del 17 de septiembre de este año revelan una serie de anomalías, entre ellas, exportaciones sin permiso de comercialización, falta de facturas que certifiquen la procedencia y descripción de las especies procesadas y exportadas, e inclusión de productos que no son beneficiarios del subsidio, como los camarones (ver cuadro por empresa).
Incluso, los informes resaltan irregularidades de los propios funcionarios de la ARAP, quienes permitieron la emisión de los certificados de tecnología de estas empresas, teniendo una serie de incumplimientos e información confusa sobre las exportaciones. También se investiga a empresas filiales que obtuvieron certificados con inversiones de sus empresas madre.
Fotis Limberópulos, dueño de Procesadora Marpesca, una de las reportadas en el informe, dijo que no ventilará este tipo de información en los medios de comunicación.
Valerio De Sanctis, propietario de Grupo Panalang, manifestó que los señalamientos de los informes acerca de su empresa son únicamente cuestión de forma y no de fondo. “Mi certificado de tecnología lo obtuve en 2007, y cuando fui a renovarlo, los funcionarios de la ARAP me dijeron que no era necesario porque ya había cumplido con todos los requisitos. Incluso, mi planta fue modelo para la creación de este certificado ”, alegó.
Roy Rivera, dueño de otras dos empresas incluidas en el informe (Rocmar y Ocean Star), señaló que estas supuestas anomalías pueden deberse a un problema de comunicación. “Mis empresas cumplen al mil por ciento con los requisitos, y acabo de pasar por una inspección de la Unión Europea”, enfatizó el exportador.
Sin embargo, en el sector hay certeza de que hay empresas que se manejan de forma irregular. “Sí hay problemas, pero no nos pueden meter a todos dentro de este paquete”, aseguró Rivera en defensa de sus plantas exportadoras.
A raíz de los hallazgos presentados por la ARAP, el Ministerio de Comercio e Industrias no solicitó la extensión de los CAT, y en su lugar promueve la aprobación de una ley de fomento industrial, acorde con las normas de la Organización Mundial del Comercio.
Se trata de un programa de reconocimiento de inversión, capacitación e introducción de nueva tecnología, que incluiría al sector exportador y a la industria doméstica.
El ministro de Comercio e Industrias, Roberto Henríquez, ha señalado que los certificados de fomento no serán transferibles y negociables como lo fueron los polémicos CAT.
Sin embargo, los exportadores no tradicionales advierten que el nuevo esquema no funcionará como incentivo a su actividad y proyectan que el sector sufrirá un fuerte recorte.
El proyecto se debate actualmente en la Asamblea Nacional.
