El pulseo entre el Gobierno y los dueños de derechos posesorios en costas e islas se inició ayer en la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, donde se realizó la primera sesión de consulta del proyecto presentado por el Ejecutivo para regular este tema.
Fue una sesión acalorada, en la que un variopinto grupo de dueños de derechos posesorios –lugareños, abogados de extranjeros e inversionistas de todo tipo– cerró filas en contra del proyecto pidiendo su rechazo porque, afirman, “el Gobierno busca expropiar sus propiedades”.
“Que se rechace la propuesta”, gritaban los dueños de fincas en el Salón Azul de la Asamblea, donde se realizó la consulta. Hasta allí acudieron unas 10 organizaciones para expresar sus inquietudes, entre las que estuvieron la Alianza por el Derecho Posesorio, la Fundación Desarrollo del Caribe, Fundación Libertad y el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil del Programa Nacional de Tierras.
El Gobierno, por su parte, a través de la Dirección de Catastro del Ministerio de Economía y Finanzas, defendió la propuesta alegando que se busca regular el derecho posesorio y frenar el acaparamiento de tierras.
El diputado oficialista y presidente de la comisión, José Blandón Figueroa, explicó que el objetivo es defender los intereses de la colectividad. “Algunas empresas pretenden adueñarse de extensas hectáreas, pagando precios irrisorios para poder revenderlas por arriba del millón de dólares”, dijo.
Entre otras cosas, el proyecto establece la titulación gratuita de hasta 5 mil metros cuadrados, solo para los lugareños.
