Un mes después de que el Tribunal de Cuentas autorizara la cautelación de bienes por $44.9 millones a cuatro de los acusados por las supuestas irregularidades detectadas en el contrato para la compra de comida deshidratada a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN), dicha confiscación suma $20,449.93.
Así lo establece un informe del Tribunal al que este diario tuvo acceso, en el que se detalla las diligencias realizadas en bancos de la localidad para congelar bienes al exdirector del PAN Giacomo Tamburrelli, el exjefe del Programa de Nutrición de esa entidad Ángel Famiglietti; la exministra de Educación Lucy Molinar; y el empresario Rubén de Ycaza, este último propietario de la empresa Lerkshore International Limited, a la que se adjudicó el contrato para la compra de los alimentos en el pasado gobierno.
La autorización para cautelar los bienes a estas personas fue girada por el Tribunal de Cuentas en marzo pasado, mientras que la investigación penal del caso, efectuada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción, comenzó en julio de 2014.
En el informe del Tribunal se precisa que a la exministra Molinar se le cauteló una cuenta de ahorro en Metrobank con la suma de $19 mil 156.
Molinar también tiene una cuenta en el Banco General con $448.58, que no fue congelada de acuerdo con lo que establece el numeral 11 del artículo 1650 del Código Judicial, según el cual las cuentas con menos de mil dólares no pueden ser cauteladas.
Tamburrelli, por su parte, solo tenía $184.10 en una cuenta de Banistmo; mientras que a Famiglietti no se le decomisó ningún monto, pues el dinero que depositaba en su cuenta del Banco General tampoco llegaba a mil dólares.
En cambio, a la empresa Lerkshore International Limited se le confiscó una cuenta en el Banco Nacional con $1,331.93. Fuentes allegadas a las investigaciones que adelanta el Tribunal de Cuentas informaron que los magistrados esperan un informe del Registro Público con el listado de las propiedades confiscadas a los cuatro acusados a partir de la orden dictada en abril pasado.
La medida tomada por el Tribunal de Cuentas fue adoptada tras una solicitud de la Fiscalía de Cuentas, basada en un informe de la Contraloría General de la República, que abarcó el período comprendido entre el 1 de enero 2010 y el 31 de diciembre 2011 –el contrato fue adjudicado en diciembre de 2011– y calculó la posible lesión patrimonial al Estado en $44.9 millones.
EXPEDIENTE PENAL
La investigación del Tribunal de Cuentas es independiente del proceso que adelantó el Ministerio Público, y cuya fase de instrucción sumarial concluyó a finales de abril pasado con una petición de juicio para Tamburrelli, Famiglietti, Molinar y De Ycaza.
Asimismo, la fiscal Vielka Broce solicitó el encausamiento criminal de la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; el exministro de Obras Públicas Federico Suárez; las ex viceministras de Desarrollo Social y Presidencia Marta Susana de Varela y María Fábrega; y el secretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio.
La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, declaró el 13 de abril pasado que los decomisos efectuados por el Ministerio Público como parte de las investigaciones sobre supuestas anomalías en el PAN suman hasta ahora $22 millones de dólares.
Las fuentes consultadas por este diario precisaron que en el caso de la comida deshidratada la fiscalía congeló al menos $608,958 en cuentas propiedad de Ycaza ($597,376) y de Lerkshore International Limited ($11,582), ambas en el Balboa Bank & Trust.
Los delitos que se imputan a los acusados son corrupción, peculado y fraude en contrataciones públicas.
