Miembros de la sociedad civil cuestionaron la decisión del ministro de la Presidencia Álvaro Alemán de insistir a la Contraloría, a través del consejo directivo del Programa de Ayuda Nacional, para que aprobara contratos fraccionados a Airco, S.A., cuyo gerente comercial es su yerno Ricardo Mouynes.
Annette Planells, vocera del Movimiento Independiente (Movin), calificó la acción como un claro conflicto de intereses. En tanto, el excontralor Carlos Vallarino aseguró que debió haberse declarado impedido por su nexo familiar.
El artículo 24 del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos establece que “el servidor público no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros, amparándose en el uso de su cargo”. Incumplir la norma puede ser sancionado hasta con despido.
MINIMIZA
El secretario de Metas de la Presidencia, Carlos Dubois, aseguró que tanto el ministro Álvaro Alemán, como el consejo directivo y el director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Rafael Stanziola, deben explicar sobre la contratación por un total de $2.3 millones a Airco, S.A., cuyo gerente comercial es Ricardo Mouynes, yerno de Alemán.
“El ministro Alemán, la junta directiva, y el señor Stanziola tendrán que dar sus explicaciones sobre el tema”, aseguró el funcionario en Telemetro en el noticiero de la mañana.
Dubois incluso advirtió que el consejo directivo del PAN, hoy Dirección de Asistencia Social (DAS), debe aclarar por qué se sometió la aprobación por insistencia tras la negativa de la Contraloría por posible división de materia.
“Cuando el contralor o el control fiscal llama la atención de un tema, uno debe corregirlo. La Contraloría es el fiscalizador, te va a decir lo que tienes bien o lo que tienes mal”, añadió Dubois.
En total, fueron 22 los cheques que giró el PAN a favor de Airco, S.A. para el programa Techos de Esperanza del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot). Todos por trabajos similares y por menos de $300 mil, lo que permitía que Stanziola otorgara los contratos sin necesidad de aprobación superior.
El Ministerio Público (MP) investiga estos procesos. Precisamente, la procuradora Kenia Porcell es quien realiza las pesquisas al involucrar al titular del Miviot Mario Etchelecu, un funcionario con mando y jurisdicción en todo el territorio nacional.
Dubois fue consultado en horas de la tarde por este diario y se expresó así. “Entiendo que el señor Mouynes no es accionista de la empresa; y por el otro lado el ministro Alemán aclaró que no es familia de Pedro Vallarino; no parece haber conflicto de interés”, aseguró.
Pedro Vallarino Trombetta es el presidente de Airco, S.A., y quien en septiembre de 2014 fue nombrado por el presidente Juan Carlos Varela como directivo de la Caja de Ahorros. Junto con él también nombraron a la cuñada de Alemán, María del Pilar Arosemena, y a Mouynes como suplente de Arosemena.
Además, Dubois insistió en que “hay que estar muy seguro y documentados para aprobar algún refrendo por insistencia”.
FALTA ÉTICA
De acuerdo con Annette Planells, vocera del Movimiento Independiente (Movin), la contratación de Airco, S.A. por presiones del consejo directivo del PAN, que justamente preside Alemán, es un “obvio” conflicto de intereses.
“No hay una ley de conflictos de intereses en Panamá y solo se les puede exigir moralmente. No está bien y es un obvio conflicto”, añadió Planells. “El nepotismo es corrupción”, añadió.
Esta no es la primera vez que el ministro Alemán aprovecha su jerarquía para favorecer a un familiar. En julio de 2014, justo al comenzar el gobierno, nombró a su sobrino Jaime Alemán como asistente personal.
Según Varela, el tema del PAN debe darse por zanjado. “Ya el ministro del Miviot fue a la Asamblea Nacional y dio la cara. Todo indica que es una noticia de agosto de 2014, que no hay más noticias negativas que esa y se sigue con la misma noticia”, dijo durante un recorrido por Colón. Pareció haberse molestado cuando se le consultó al respecto. “Estoy aquí en una reactivación de un proyecto muy importante para los colonenses”, argumentó para evitar el tema.
Según el excontralor Carlos Vallarino, Alemán debió declararse impedido por “sus propias condiciones y sus propios principios”.
Por su parte, Angélica Maytín, directora de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) aseguró que “Panamá requiere una legislación más robusta sobre conflictos de interés”.
Añadió que con la legislación actual, la actuación de Alemán no viola ninguna disposición sobre conflicto de intereses del Decreto Ejecutivo No. 246 del 15 de diciembre de 2004, en el que se dicta el Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos.
Sin embargo, el artículo 24 de este mismo texto establece que “el servidor público no debe obtener ni procurar beneficios o ventajas indebidas para sí o para otros, amparándose en el uso de su cargo, autoridad, influencia o apariencia de influencia”. El incumplimiento de esta norma podrá ser sancionado con una amonestación verbal o escrita, suspensión del cargo o despido.
Por otro lado, los contratos fraccionados otorgados por el PAN a Pumper, S.A. fueron denunciados ayer ante la Fiscalía Auxiliar del MP por presunto peculado en la recolección de desechos peligrosos en varios hospitales.
El director de Asesoría Legal del Ministerio de Salud, Jaime Paolo Sánchez, aseguró que el contrato fue una relación de 2010 suscrita por el entonces ministro Franklin Vergara.
(Con información de Diómedes Sánchez y Juan Díaz).
