La Alianza Ciudadana pro Justicia, que aglutina a unas 20 organizaciones, realizará un proceso paralelo de evaluación de los aspirantes a las dos vacantes en la Corte Suprema, tan pronto se revele la lista oficial.
Aunque todavía no se ha definido el procedimiento a seguir, la directora de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo, dijo que la idea es analizar la solvencia moral y la ejecutoria de todos los aspirantes.
Castillo hizo un llamado a las instituciones cívicas y gremiales para que también hagan una revisión de la lista de aspirantes, y que los ciudadanos emitan sus opiniones sobre ellos.
Este proceso se realizará aunque la sociedad civil organizada tiene tres representantes en la Comisión de Credenciales que nombró el Ejecutivo. Se trata de Víctor Lewis, de la Alianza Ciudadana pro Justicia; Rubén Elías Rodríguez, por parte del Colegio Nacional de Abogados; y Feliciano Olmedo Sanjur, representante de las facultades de Derecho, escogido por el Consejo de Rectores.
La comisión nombrada por el Gobierno, que se encargará de revisar los documentos que entreguen los aspirantes, mas no los evaluará, la integran también el ministro de la Presidencia, Demetrio Papadimitriu, y el titular de la cartera de Gobierno y Justicia, José Raúl Mulino, o quienes estos designen. La instalación de la comisión, que estaba prevista para el pasado lunes, fue pospuesta para mañana jueves.
Hasta el momento se han postulado cerca de 14 abogados, entre ellos Rita Hilton, Maruquel Arosemena, Víctor Méndez Fábrega, Ramón Castellanos, Enrique Mon y Ernesto Cedeño.
Sin embargo, se mencionan como fuertes candidatos para el cargo, el magistrado del Tribunal Electoral Gerardo Solís, y el secretario de seguridad del Ejecutivo José Abel Almengor.
Quienes sean elegidos reemplazarán a Esmeralda de Troitiño y a Adán A. Arjona, a quienes se les vence el período el 31 de diciembre.
